La Fiscalía General de la Nación rechazó un principio de oportunidad con “inmunidad total” solicitado por la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, imputada y detenida por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.”La defensa de la procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales frente a la gravedad de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público por los cuales fue imputada y está próxima a ser acusada”, informó el ente acusador.El rechazo también se fundamenta en que “la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”.llegada a la audiencia de imputación contra Sandra Ortiz del 3 de diciembre. Foto:Mauricio MorenoOrtiz prometió revelar públicamente “los detalles que dice conocer sobre el entramado”La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia sostuvo acercamientos con la exconsejera Ortiz en aras de concretar una posible negociación y obtener nuevas pruebas que permitan consolidar otro de los frentes de la investigación por este caso de corrupción. Dicha unidad informó que, ante la negativa del principio de oportunidad, Ortiz anunció que acudiría a los medios de comunicación para revelar lo que no le aceptaron. “La exfuncionaria manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial”, agrega un comunicado del ente acusador. La Consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, habló con EL TIEMPO de los ‘Gobierno con el Pueblo’. Foto:Consejería para las RegionesLa exconsejera presidencial, adscrita al Partido Alianza Verde, fue enviada a una guarnición militar desde el mes de diciembre tras ser imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que no aceptó.Fue señalada como la emisaria de los millonarios sobornos por 4 mil millones de pesos que, presuntamente, recibieron el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara Andrés Calle, a finales de 2023, supuestamente para avalar propuestas del gobierno en el legislativo. Sobornos que salieron de los recursos para la atención de emergencias de la UNGRD al mando de los corruptos Olmedo López y Sneyder Pinilla. ANA MARÍA CUESTAEditora de justicia anacue@eltiempo.com