El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de fijar el salario mínimo para el año 2026 en 2 millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, ha trasladado la discusión de las mesas de concertación a los despachos judiciales.El incremento del 22.7 % se sustenta, según el mandatario, en el concepto de salario vital promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), buscando priorizar la justicia social sobre las variables macroeconómicas tradicionales. Sin embargo, este enfoque abre un interrogante jurídico: ¿puede un decreto de este tipo ser anulado por la justicia?El salario mínimo quedó en 2 millones de pesos. Foto:iStockEl impacto de anular aumento del salario mínimoPara entender el panorama actual, es necesario revisar los antecedentes legales en Colombia, específicamente lo ocurrido con el incremento para el año 2016. En aquel momento, ante la falta de acuerdo entre empresarios y centrales obreras, el gobierno de Juan Manuel Santos decretó un aumento del 7 %.Esa decisión fue demandada ante el Consejo de Estado. Aunque en un principio se solicitó suspender el decreto, el alto tribunal se negó para evitar que los trabajadores dejaran de percibir el aumento de manera inmediata. No obstante, en marzo de 2017, la Sección Segunda del Consejo de Estado terminó anulando la norma.El fallo no obligó a devolver el dinero pagado, pero sentó un precedente fundamental sobre la obligación del Ejecutivo de justificar sus decisiones.De acuerdo con la jurisprudencia de ese caso, un decreto que fija el salario mínimo debe contar con una motivación técnica y precisa que detalle:La meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República.La productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.La contribución de los salarios al ingreso nacional.El incremento del producto interno bruto (PIB).El índice de precios al consumidor (IPC).Consejo de Estado. Foto:Jesús BlanquicetEn el fallo de 2017, el tribunal determinó que el Gobierno Nacional no explicó con suficiencia los datos que llevaron al cálculo del 7 %, presentando información incompleta sobre la meta de inflación. “La motivación del acto administrativo mediante el cual se fija el salario mínimo deberá explicitar con la mayor claridad y precisión los fundamentos económicos, sociales, técnicos y financieros”, concluyó la sentencia.El desafío para el decreto de 2026 radica en si la adopción del salario vital cumple con estos requisitos de transparencia y objetividad exigidos por el Consejo de Estado.Si el Gobierno no logra demostrar cómo el aumento del 22.7 % se alinea con la productividad y la realidad financiera del país, la norma podría enfrentar un proceso de nulidad similar al de hace casi una década.La Corte Constitucional también ha reiterado que el salario debe permitir que las personas satisfagan sus necesidades materiales y culturales en condiciones de dignidad. Por ello, el debate jurídico que se avecina evaluará si el Gobierno Nacional cumplió con el deber de explicar detalladamente las razones objetivas detrás de la cifra, permitiendo que la ciudadanía y las instituciones conozcan el sustento técnico de una decisión que impacta a millones de hogares.*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.