Mientras la línea de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia creció más de seis puntos porcentuales en los últimos cinco años, las campañas masivas de prevención —que llegaban a millones de personas de todas las edades— han desaparecido de las pantallas de televisión y de las cuñas radiales. La nueva estrategia apunta a un enfoque pedagógico, centrado en colegios y barrios con mayor riesgo, y reduce su alcance a no más de 5.000 jóvenes, quienes serían los más expuestos.Según el último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, 800.000 colombianos, es decir, el 3,4 % de la población entre los 12 y 65 años, han ‘probado’ alguna sustancia psicoactiva.El mayor uso reciente se concentra en el grupo de 18 a 24 años, con un 7,5 % (más del doble del promedio nacional), y casi la mitad de ese total —unas 350.000 personas— son dependientes o requieren algún tipo de ayuda para dejarlas.Estos números no se veían hace tres décadas, cuando la lucha contra las drogas en el país se centraba exclusivamente en la interdicción y el consumo era aún incipiente. “Colombia no era consumidora hasta hace muy poco. Hasta los 2000 exportaba, y después el nivel de consumo se elevó de una manera impresionante”, le dijo a este diario la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.Las muertes por causas asociadas al consumo son el indicador más grave dentro de un termómetro de consecuencias que incluye, entre otras, los accidentes de tránsito y los delitos derivados del uso abusivo de sustancias.En la última década (2013–2023, el último año con registro), 51.405 colombianos fallecieron con resultados positivos para al menos una sustancia psicoactiva al momento de su muerte. En 40.399 casos se identificó alcohol, en 7.571 cocaína, en 5.002 marihuana y en 983 benzodiazepinas.Con estos indicadores de contexto, actualmente hay cinco estrategias de prevención en marcha. Una de ellas es la Caja de herramientas para amar y proteger, dirigida a familias y docentes de Montería, Manizales, San José del Guaviare, Riohacha y Popayán. Su objetivo es “fortalecer las habilidades de crianza, el monitoreo parental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas a través de herramientas educativas y metodológicas”. Ha integrado a 152 docentes e impactado a 3.600 jóvenes.Otra es el programa Familias Fuertes, que busca mejorar la relación entre padres e hijos de adolescentes entre 10 y 14 años. Ha vinculado a más de 180 familias en Popayán y Manizales.También están los ZOU (Zonas de Orientación Universitaria), creados para la prevención del consumo en diez instituciones de educación superior en Bogotá (2), Cali, Medellín, Barranquilla, Popayán, Pasto, Mocoa, Manizales y Cúcuta. Y los ZOE (Zonas de Orientación Escolar), con el mismo propósito, en colegios de Riohacha, Chaparral, Toluviejo y Mocoa. Foto:Getty Images/iStockphotoEl Ministerio también incluyó en la lista los Centros de Escucha, un tipo de dispositivo comunitario que se desarrolla en contextos barriales y promueve la movilización social y la participación de actores locales. Están presentes en Medellín, Cúcuta, Pereira, Bogotá, Cali y Santander de Quilichao, con un impacto en más de 1.200 personas.“Las campañas de prevención están focalizadas en los lugares donde se está consumiendo más. Se puede contratar una campaña masiva, pero cuando se llega al territorio, cuando se enfoca la política de prevención y se evalúan los riesgos, se tiene un mayor impacto”, añadió la Ministra.Este viraje en la estrategia, según expertos, ha quedado corto. Para Julián Quintero, director de Acción Técnica Social, al que pertenece el proyecto Échele Cabeza, no ha habido voluntad política para atacar la problemática con la misma firmeza que el narcotráfico.“Los últimos tres gobiernos no han hecho campañas masivas o estrategias comunicativas de alto impacto para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. Eso es muy desafortunado. No han priorizado el tema en la agenda, pese a que todos los días se están quejando del aumento del consumo. Tampoco hay recursos de destinación específica para programas de prevención, reducción de riesgos y daños”, dijo el directivo.De hecho, según el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, el Estado colombiano recibió el año pasado más de $4 billones por concepto del impuesto a licores y tabaco —los psicoactivos lícitos— que, según Quintero, no se destinan adecuadamente a la mitigación, uno de los ejes más importantes en términos de salud pública.Échele Cabeza acude a los principales festivales de música. Foto:Cortesía: Échele Cabeza“En Colombia no consumimos más drogas porque no queremos, porque tenemos las más baratas y de mayor calidad del mundo, y no contamos con una estrategia clara de prevención, atención ni reducción de daños por parte del Gobierno. En ese escenario, los jóvenes están prácticamente a la deriva, expuestos a la influencia constante de los medios de comunicación que les venden alcohol, cigarrillos y vaporizadores todo el tiempo; a la ilegalidad, que les pone las drogas al alcance de la mano, y a la falta de una educación efectiva que los oriente”, agregó.De acuerdo con un monitoreo realizado por Acción Técnica y Social, el 95 % del presupuesto de la política de drogas se destina a acciones de prohibición y apenas un 5 % se reparte entre atención y prevención. “Pero ni siquiera se trataba de prevención del consumo de sustancias psicoactivas como tal. Por ejemplo, ese pequeño porcentaje financia programas como Familias Fuertes, que están más enfocados en el cuidado integral de niños y adolescentes, no específicamente en temas de drogas”, afirmó Quintero.El flagelo, mientras tanto, no da tregua. En la lista de sustancias se han incluido 11 nuevas clasificaciones, incluido el temido fentanilo, y el Tusi (ketamina) que, según el Ministerio de Justicia, ha propiciado el emporio criminal de más rápido crecimiento.Consumo de drogas en espacios públicos. Foto:cORTESÍA.¿Prohibicionismo?Prohibicionismo o consumo responsable. Esa es la dicotomía en la lucha contra esta problemática. Mientras el Gobierno por disposiciones legales y compromisos internacionales está obligado a evitar a toda costa que, especialmente los jóvenes —la población con mayor riesgo de adherencia—, lleguen siquiera a probar sustancias ilícitas, desde otros sectores se insiste en la necesidad de enfocar las estrategias en los riesgos del consumo abusivo.“Además de la prohibición, se busca que los jóvenes sean conscientes del riesgo que implica el consumo de estas sustancias. Actualmente hay una expansión del Tusi y debemos estar actualizando constantemente la lista de drogas, muchas de ellas derivadas de compuestos farmacéuticos y con un alto riesgo de adicción”, recalcó la ministra.La concientización y la información clara sobre los compuestos de las sustancias que se consumen y sus efectos alucinógenos, para el director de Échele Cabeza, es la mejor forma de encarar el disparado consumo interno.Esta prueba de colorimetría hecha en una muestra de ‘Tusi’ ha permitido encontrar benzodiacepinas. Foto:Cortesía: Échele Cabeza“Decirle a la gente que las drogas lo van a convertir en un indigente o en un delincuente no sirve, porque eso es lo que se ha repetido durante los últimos 30 años y no ha funcionado. Hoy, la institucionalidad educativa, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia deben replantear sus estrategias para comunicar los riesgos y efectos de las sustancias psicoactivas. Esa comunicación no puede partir del miedo, ni de la negación, ni de las referencias negativas a casos extremos. Debe construirse desde el diálogo, la conversación abierta, la información clara. Hay que hablar con tranquilidad y profundidad sobre las sustancias y sus implicaciones”, dijo.De hecho, la organización que dirige es una de las pocas que realiza test de drogas en discotecas y festivales, con el fin de evitar que peligrosos cócteles de elementos tóxicos lleguen a manos de personas que, por desconocimiento, los consuman en dosis potencialmente letales. Es una de las pocas instituciones que lo hace en Colombia, siempre por iniciativa de privados.Así mismo, cuentan con una sede permanente en el barrio Teusaquillo, donde se realizan análisis de sustancias y se ofrece orientación. Además, tienen una sala de consumo supervisado en el barrio Santa Fe, en la llamada ‘zona de tolerancia’, dirigida a personas que consumen sustancias inyectables, con el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades como el sida y la hepatitis. Estos son los únicos dos lugares de este tipo en una ciudad de más de 10 millones de habitantes y de los pocos que existen en todo el país.Redacción JusticiaMás noticias: