“Apelamos a la solidaridad del gremio y al pacto de caballeros que entre nosotros existe para esta situación”, escribió Ramiro Alberto Ruiz Londoño, presidente de Envigado, refiriéndose a la decisión del jugador Carlos Andrés Páez de no renovar con el club tras recibir una oferta de otro equipo.Para la SIC, este mensaje no tenía un fin meramente informativo. Por el contrario, buscaba condicionar a otros clubes a no contratar al futbolista, recurriendo a mecanismos informales que vulneran la libre competencia.La investigación es para sancionar a 16 equipos de fútbol profesional colombiano y 15 dirigentes. Foto:Agencia SincLos intercambios se dieron en un grupo de WhatsApp denominado “G-36”, donde participaban 46 presidentes de clubes, entre ellos Fernando Jaramillo y Jorge Enrique Vélez, expresidentes de la Dimayor, también investigados, y Ramón Jesurún, presidente de la FCF.El documento llegó a la oficina de la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, relacionado con una investigación para sancionar a 16 equipos de fútbol profesional colombiano y 15 dirigentes, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) y dos poderosos expresidentes.Luego de una investigación iniciada por una denuncia de Acolfutpro, la entidad concluyó que existió un “acuerdo coordinado” entre varios clubes y la Dimayor para restringir la libre competencia en el mercado de transferencias de jugadores.EL TIEMPO conoció el informe de 366 realizado por la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, en el cual explica el “pacto de caballeros” que, según la SIC, se consolidó en una práctica informal por la cual los equipos se comprometían a no contratar futbolistas en condición de libres que hubieran tomado acciones legales o laborales contra sus antiguos clubes.“Se habría obstaculizado intencionalmente la negociación de jugadores que actuaron en defensa de sus derechos”, dice.Logo de la Dimayor. Foto:DimayorLas pruebas que tiene la SIC sobre el ‘pacto de caballeros’ para vetar a jugadoresSegún la investigación de la SIC, los clubes habrían acordado no contratar jugadores que, primero, terminaran unilateralmente sus contratos por falta de pago, aunque tuvieran una causa justificada. Segundo, finalizaron sus contratos sin justa causa, por fuera del plazo acordado. Tercero decidieron no renovar, y pretendieron negociar como agentes libres sin pagar indemnización a su antiguo club.“Se buscaba proteger los intereses económicos de los empleadores, aunque eso significara afectar la libre movilidad de los jugadores”, se lee en el documento.Asimismo, la SIC señaló que evidenció un sistema anticompetitivo conformado por acuerdos de no contratación entre clubes, respaldado por la Dimayor, cuyo objetivo fue eliminar la rivalidad en la negociación de derechos deportivos de los jugadores. “Esta conducta limitó las oportunidades laborales de los futbolistas y desincentivó a los clubes que buscaban actuar dentro del marco legal, evitando así que realizaran sus mejores esfuerzos para competir”, señala la entidad.Actualmente hay 1046 jugadores identificados con el estatus de profesional en Colombia. Foto:Dimayor y EL TIEMPOAcolfutpro, que fue la organización denunciante, ha insistido en que estas prácticas vulneran los derechos laborales y económicos de los jugadores.La Superintendencia ya llevó a cabo una audiencia el 16 de enero de 2025, la cual se reanudó el 21 del mismo mes. Ahora, queda en manos de la Superintendente la decisión sobre sancionar a 17 clubes y a varios de sus directivos y representantes legales.Entre las entidades investigadas figuran equipos como Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Pasto, Envigado, Tolima, Once Caldas, La Equidad, Fortaleza, Alianza F.C., y otros.A ellos se suman personas naturales como Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, y José Augusto Cadena, expresidente del Cúcuta, quienes habrían “colaborado, facilitado o tolerado” la conducta, de acuerdo con la SIC.Desde la superintendencia entregaron los resultados de la investigación en donde destacan correos y conversaciones entre las cabezas de los equipos y dirigentes de la Dimayor. En alguna de las comunicaciones, se destaca cómo los presidentes de los clubes no le dan salida los jugadores que radicaron sus cartas de renuncias y cómo le piden a los demás equipos que no los contraten.En una carta enviada el 29 de diciembre de 2019 por José Augusto Cadena, entonces dirigente del Cúcuta Deportivo, a los presidentes de clubes afiliados a la Dimayor, señala que los jugadores Luis Fernando Miranda y Harrison Mancilla pasaron su carta de renuncia desconociendo que “jurídicamente no tenían derecho”.Esta fue la carta enviada por el entonces presidente del Cúcuta Deportivo. Foto:Archivo particular“Por lo anterior, se solicita abstenerse de hacer cualquier tipo de negociación con algún agente, representante o con el mismo jugador, ya que lo que quieren es dividir el fútbol y sacar ventaja siempre de nosotros los clubes, estoy presto a entregar información a cualquier club que esté interesado en estos jugadores”, se lee en la comunicación firmada por Cadena. Como este comunicados hay otros similares de los equipos investigados.Actualmente, según la información disponible en Transfermarkt, hay 1046 jugadores identificados con el estatus de profesional en Colombia.Los argumentos de los equipos del fútbol colombiano y la Dimayor para evitar la sanción de la SICDesde la SIC destacaron que está facultada para realizar este tipo de investigaciones, teniendo en cuenta que la entidad puede examinar cualquier mercado con el fin de verificar si existe una afectación a la libre participación de las empresas.Los equipos y personas investigadas manifestaron que la Superintendencia fundamentó su análisis en una serie de comunicaciones entre presidentes de clubes y funcionarios de la Dimayor en las que, supuestamente, se habría acordado no negociar derechos deportivos. Los investigados respondieron que esas conversaciones no constituyen un acuerdo anticompetitivo, sino que, por el contrario, responden a la libertad de expresión y al ejercicio de la libertad de empresa.“Dichas comunicaciones no pretendían crear un acuerdo anticompetitivo, por el contrario, buscaban cumplir el Estatuto del Jugador, reglamento avalado por el Estado conforme a la Constitución y la ley. Deportivo Pasto, Óscar Armando Casabón Rodríguez, Atlético F.C y Gustavo Bernardo Moreno Aragon no participaron en prácticas, sistemas o acuerdos para restringir la negociación de derechos deportivos, y lo pactado se ejecutó legítimamente”, se lee en los argumentos de uno de los equipos.Los equipos le enviaron argumentos a la SIC. Foto:DimayorEn la misma línea, desde el Cúcuta Deportivo señalaron que no hay actas, confesiones u otros medios que acrediten la presunta existencia de un acuerdo.Desde la Delegatura consideraron que los argumentos presentados por los investigados carecen de fundamento. “A pesar de que, según los investigados, no se halló la suscripción de un acuerdo o la restricción material a la movilidad de los jugadores de fútbol, el comportamiento coordinado, en el cual participaron activamente los presidentes de los clubes de fútbol profesional, se configuró como una práctica que tenía por objeto evitar que los jugadores más atractivos, en quienes los clubes habían realizado inversiones significativas de diversos tipos, pudieran desvincularse de los equipos y trasladarse como jugadores libres”, señalaron. La presunta omisión de los expresidentes de la DimayorLa Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que Fernando Jaramillo Giraldo, expresidente de la Dimayor, tuvo un comportamiento “a todas luces omisivo” al no tomar ninguna medida para evitar los pactos entre clubes de fútbol profesional orientados a vetar jugadores que no renovaran contrato o terminaran su vínculo laboral.Aunque la Delegatura no halló una participación activa de Jaramillo en los intercambios de correos y mensajes de WhatsApp —incluido el grupo “G-36”, donde también estaba el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún— sí determinó que usó la agremiación como “escenario de concertación” para restringir la libre negociación de los derechos deportivos.Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo“La inacción de Fernando Jaramillo Giraldo en ningún caso puede justificarse”, concluyó la entidad.Lo mismo sucedió con Jorge Enrique Vélez García, presidente de la Dimayor entre julio de 2018 y agosto de 2020, incurrió en responsabilidad administrativa por permitir, sin activar medidas preventivas o correctivas, que la agremiación sirviera de canal para una conducta anticompetitiva entre clubes.MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ Y JUAN DIEGO TORRESRedacción Política y Justicia