“Usted puede estar generando hoy que se acabe el proceso en Medellín y el Valle de Aburrá y yo la hago responsable de ello, ministra”. Ese es uno de los mensajes que la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta le envió en febrero pasado a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. El chat, de tono intimidante, fue remitido en reclamo por un megaoperativo antiextorsión en la cárcel de Itagüí, en el que fueron decomisados celulares, computadores y otros elementos prohibidos.“Ministra, esto parece un saboteo al proceso de paz de Medellín: un operativo en rechazo al Espacio de Diálogo Sociojurídico. Se lo digo con todo respeto. Le reitero: pudo ser cualquier otro día, pero el Presidente de este país reconoció los avances apenas ayer. El mensaje para los PPL (población privada de la libertad) y para la delegación del Gobierno que recibimos por parte suya es ese. Sabemos que usted no cree en los procesos de paz, pero esa es una decisión del Presidente, no suya”, dice otro de los mensajes conocidos por EL TIEMPO y que refuerzan los señalamientos en contra de la polémica dirigente política por lo que oficiales de la Fuerza Pública y ex altos funcionarios consideran claras interferencias con sus deberes constitucionales.El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:JAVIER NIETO ÁLVAREZLos intentos de injerencia indebida de congresistas cercanos al presidente Gustavo Petro y de altos miembros del Ejecutivo —como la directora del Dapre, Angie Rodríguez— en las funciones de la cartera encargada del manejo de las cárceles y de la política de drogas fueron determinantes para que Buitrago, reconocida por su trayectoria jurídica y su perfil técnico, dejó el cargo el 15 de mayo.Zuleta es reconocida como una de las congresistas más beligerantes del partido de gobierno. Ella fue la que organizó el polémico ‘tarimazo’ en el que el presidente Petro, en junio pasado, terminó compartiendo escenario y micrófono con una decena de los más temidos capos de Medellín, quienes a pesar de estar presos siguen manteniendo el poder criminal.Utilizando su condición de ‘delegada del Gobierno en la mesa de paz de la cárcel de Itagüí’, la senadora habría interferido en traslados que terminaron beneficiando a capos criminales, en el bloqueo de operativos judiciales y, dicen altas fuentes consultadas por este diario, en reiterados intentos por “saltarse” los estrictos controles de una de las penitenciarías de máxima seguridad del país, donde están recluidos algunos de los más sanguinarios jefes de la mafia en Colombia. Recientemente, la revista Semana reveló denuncias de oficiales del Ejército y la Policía sobre supuestas presiones de la senadora Zuleta para frenar acciones contra las estructuras criminales de Medellín y contra las disidencias de ‘Calarcá’.Semanas después de haber sido nombrada, la ministra Buitrago fue invitada por la senadora Zuleta a un ‘coloquio’ en Medellín. Allí apareció, sin que Buitrago hubiera sido informada previamente, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, uno de los capos históricos de la Oficina de Envigado y condenado a 30 años de cárcel por concierto para delinquir, secuestro extorsivo, homicidio y otros graves crímenes. El delincuente estaba custodiado por un fuerte escuadrón del Inpec, lo que llevó a que la exministra le preguntara al comisionado de paz por su traslado y por los costos para el erario que implicaba su participación en estos espacios de diálogo sociojurídico.Ángela María Buitrago,  exministra de Justicia. Foto:Archivo particularA las pocas semanas, la senadora Zuleta le pidió a Buitrago el traslado permanente de ‘Douglas’ a la cárcel de Itagüí para que participara en los acercamientos de paz. La exministra se negó a autorizarlo, basada en informaciones de inteligencia y conceptos de funcionarios carcelarios sobre la inconveniencia de devolver al capo precisamente a la zona donde tiene mayor poder e influencia criminal. ‘Douglas’ estaba en máxima seguridad en La Picota.La exministra Buitrago le dijo a EL TIEMPO que en su momento ella les dijo a Zuleta y al comisionado de Paz, Otty Patiño –quien terminó avalando la inusual solicitud de la congresista– que el traslado del capo de ‘la oficina’ implicaba graves riesgos. Las recomendacciones de los grupos de inteligencia fueron acudir a una sesión virtual o, en última medida, un traslado rápido a Medellín con regreso inmediato a La Picota.Pero la presión terminó imponiéndose y entonces se autorizó que ‘Douglas’ estuviera dos semanas en la cárcel de Itagüí, el tiempo que iba a durar la ronda de negociación con las bandas. Esos quince días se convirtieron primero en dos meses y al final, por la intervención de la senadora, en un traslado permanente que tiene las alarmas encendidas en varios organismos de seguridad por el regreso a Antioquia de uno de los grandes poderes criminales de ‘la oficina’.El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:Archivo Particular‘Douglas’ y varios de sus socios son reconocidos enemigos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a su vez claro opositor del gobierno del presidente Petro. Tanto Gutiérrez como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han denunciado el riesgo de interferencia de esos capos en las elecciones del 2026.Fuentes oficiales señalan que la senadora “ordena” traslados y que gracias a su intervención los jefes de las bandas del Valle del Aburrá tienen gabelas como un día de visita adicional para reunirse con sus abogados, televisores en celdas, comida especial y acceso controlado a tabletas digitales y computadores. Su asesor Johan Edisson Giraldo Ospina es mencionado por las fuentes como protagonista de primer orden en esas actuaciones.Incluso, dicen que la congresista pretendió que se les permitiera el uso de teléfonos celulares, petición que no prosperó finalmente por los riesgos que una comunicación permanente con el exterior implicaba.Tanto en la Corte Suprema como en la Procuraduría avanzan investigaciones para determinar si las actuaciones de Zuleta se ciñen al mandato que le dio el gobierno Petro o si pueden constituir un eventual favorecimiento indebido a organizaciones armadas. Ella ha sostenido en varias oportunidades que las denuncias en su contra son una suerte de retaliación de los contradictores del Presidente y de su ‘paz total’. EL TIEMPO se contactó con Zuleta, pero al cierre de esta edición no había respuesta a los mensajes enviados a su número personal.Más polémicasLa política de ‘paz total’ terminó reuniendo en dos patios del pabellón de alta seguridad a 18 cabecillas de los más poderosos combos y estructuras criminales. Alias ‘Macaco’, el exjefe paramilitar que se negó a confesar en Justicia y Paz y que hoy aparece como ‘gestor de paz’, también está en Itagüí.Los controles del Inpec son allí, según varias fuentes, restringidos. Zuleta también le envió chats a la exministra Buitrago quejándose por un operativo de la guardia que estaba encaminado a frenar la extorsión desde ese centro carcelario: “Me dicen que hay un superoperativo en la cárcel (…) . ¿Le parece eso coherente? Pudo ser cualquier otro día, pero justo después de que el Presidente mencionara los avances de este proceso…”.Un episodio puntual se presentó con Freyner Alfonso Ramírez, alias Carlos Pesebre, quien se resistió a la requisa. “Esas interferencias dificultan el control penitenciario e incrementan el poder de los jefes criminales en las cárceles”, señaló una de las fuentes. Agrega que hoy, incluso ante un acto evidentemente irregular en el pabellón de máxima seguridad en Itagüí, cualquier guardián o funcionario se la piensa dos veces antes de tratar de imponer el régimen carcelario, ante el temor de terminar por fuera del cargo.Las gabelas que tienen hoy los capos de Itagüí han llamado la atención de varios de sus pares en el hampa colombiana. Según las fuentes consultadas, Óscar Camargo, alias Pichi, uno de los principales jefes del tráfico de drogas en Bucaramanga, y quien el año pasado se le fugó al Inpec de la casa de El Poblado en la que cumplía una pena con un brazalete de vigilancia, está buscando cupo en la ‘paz total’ y ha buscado acercamientos con la senadora Zuleta. Y lo mismo estaría pasando con alias ‘Pipe Tuluá’, el peligroso jefe de la banda ‘la Inmaculada’ de Tuluá’, a pesar de que su extradición ya fue firmada por el presidente Gustavo Petro.Carlos López y Sara QuevedoRedacción Justicia

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