Carlos Alonso ha pasado la noche a los pies del palacio de San Telmo, la sede de la Junta de Andalucía. Como el resto de la decena de compañeros, todos profesores interinos, que han dormido allí, esperan con este gesto poder llamar la atención del Gobierno de Juan Manuel Moreno y que atienda sus reivindicaciones por un proceso de estabilización justo. Este colectivo de docentes ha iniciado este miércoles una huelga indefinida en protesta por su situación de precariedad y esta mañana ha protagonizado una manifestación por el centro de Sevilla. No son los únicos que demandan soluciones a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP. El sábado, las Ampas andaluzas han organizado marchas en la capital andaluza y en Málaga para demandar un incremento de las plantillas y una mejora de la atención a los alumnos con necesidades especiales. Allí estará Anabel Ballesteros, madre de un niño con una enfermedad neuromuscular. Tanto ella como Alonso coinciden en los motivos para manifestarse: “No es solo por nosotros, nuestras demandas favorecen una mayor calidad de la educación pública”.Los más de 30.000 profesores interinos que ejercen la docencia en Andalucía llevan desde febrero protagonizando movilizaciones y paros bajo el amparo de la Asamblea Andalucía de Interinos y Aspirantes de Educación. “Reivindicamos la estabilidad del profesorado interino porque llevamos en fraude de ley bastante tiempo”, explica Virginia González, una de sus portavoces. Desde la plataforma cuestionan el primer proceso de estabilización que la Consejería de Desarrollo Educativo convocó el año pasado en la que se ofertaron 6.113 plazas por entender que los criterios de valoración no fueron justos. “No entró la gente que tenía más tiempo de servicio, sino la que había podido pagarse más cursos, porque tenía más mérito. No hubo igualdad de oportunidades”, indica González, que también critica el “número de plazas irrisorias”, convocadas. “Se sacaron tres plazas por cada uno de los 23 tribunales, en el caso de Lengua y Literatura y este año hay 14 o 15 por tribunal”, indica. Desde el #14M huelga indefinida docente.Movilización 14 Mayo 12.00 horasSevilla, desde San Telmo hasta Torre Triana.✊🏽Quienes están se quedan ✊🏽 pic.twitter.com/4k51Km52Mx— Asamblea Andaluza de Interinas (@asamblinterinas) May 7, 2025
Los interinos también advierten de que a las oposiciones convocadas para este mes de junio, donde se estabilizarán 7.808 plazas, se podrán presentar aspirantes de toda España y reclaman una mayor coordinación a nivel nacional. “No nos oponemos a que se presenten compañeros de otras comunidades, pero sí que las convocatorias fueran uniformes en todo el territorio”, indica Alonso. También se quejan de que por primera vez se hayan acumulado la oferta de plazas que quedaban del 2023, las del 2024 y las del año en curso. “En lugar de un proceso de estabilización se está produciendo una desestabilización profunda”, indica González.Desde la Junta esgrimen que las 6.113 plazas de 2024 corresponden a los requisitos marcados por la ley 20/2021 -que obliga a la estabilización de los interinos-. “Andalucía cumplía en el inicio de este curso con la directriz europea de tasa de interinidad docente por debajo del 8%, indican las fuentes consultadas, que advierten de que ese porcentaje bajará más con las oposiciones del próximo mes de junio, en las que se convocan plazas de reposición. La Consejería ha cifrado en 75 el total de interinos que han secundado la huelga este miércoles.La falta de estabilización o la lentitud en cubrir bajas o vacantes ha convertido a este grupo de docentes en unos nómadas de la enseñanza privándoles de una estabilidad que no solo es deseable para ellos, sino que redunda, como recalcan, en una merma de la calidad del sistema. “La precariedad que estamos sufriendo es la precariedad del sistema educativo, porque si nosotros no tenemos una situación estable, tampoco la tiene los equipos educativos, las tutorías de los alumnos, las familias, la relación que puedan tener con el profesor o profesora de sus hijos, y nuestros compañeros igual, en el momento en el que nosotros no estamos, ellos tienen que asumir más guardias, la atención a la diversidad merma…”, indica González.Alonso tiene 42 años y aprobó las oposiciones para ser profesor de Historia en 2008 y 2010, pero los recortes le obligaron a irse a Londres “a fregar platos”. Lleva dedicado a la docencia desde 2020 y en estos tres años y medio ha pasado por 13 centros educativos, en algunos de ellos apenas 10 días. “Era para cubrir una baja de dos meses, pero cuando me llamaron ya solo quedaba ese tiempo, por eso pedimos que las bajas se cubran desde el primer día”, indica. Las esperanzas casi se le han agotado a Patricia Lara, de 45 años, profesora de Lengua y Literatura, cuya primera oposición fue en 2004, un examen que aprobó en 2008 y 2010. Su situación familiar, es madre de dos niños, uno con grado tres de dependencia, le ha complicado las posibilidades de competir en los sucesivos procesos de selección. “No juego en la misma liga, no tengo tiempo para estudiar, ni para poder realizar formación complementaria…”, reconoce. En todo este tiempo ha pasado por 18 centros educativos hasta recalar en un IES de El Ejido (Almería) a 130 kilómetros de Granada, donde vive. Una distancia que realiza todos los días. “Se habla de vocación, pero los centros no se sostienen con vocación, sino con fondos públicos, hay que invertir”, indica.La atención a la diversidad, una prioridadLara conoce también el trace por el que pasan las familias que tienen hijos con necesidades especiales y las dificultades para poder obtener la atención adecuada para las enfermedades que padecen que este sábado se manifestarán para reclamar una reforma de la normativa que regula esas prestaciones en los centros educativos. Ballesteros lleva años reclamando una enfermera escolar para atender a su hijo Máximo, que padece una enfermedad neuromuscular que le obliga a alimentarse a través de un botón gástrico, y ha conseguido disponer de una auxiliar de enfermería. “No tiene los conocimientos necesarios, pero es competente y me vale por el momento”, indica. Después de años batallando sola para conseguir la mayor integración de su hijo en el colegio, en los últimos años ha visto cómo las Ampas se han sumado a las reivindicaciones de una mejora en la atención al alumnado con necesidades especiales. “Estamos tan cansados, tan rotos, tan hartos…”, resume Ballesteros su lucha.“La atención a la diversidad es una de las máximas preocupaciones de las familias y creemos que la normativa actual está obsoleta, por eso nos movilizamos, para exigir una adaptación a las nuevas circunstancias”, señala Marina Jiménez, presidenta de FAMPA Sevilla, una de las impulsoras de las marchas.Los padres y madres reclaman, además, más recursos en profesionales para atender a estos menores, una presencia obligatoria de orientadores en primaria o que se establezca una ratio de alumnos por PTIS (Personal Técnico de Integración Social) y especialistas en Pedagogía Terapéutica. “La Junta hace hincapié en la inversión, y es verdad que es cada vez mayor, pero es que el censo de niños y niñas reconocidos aumenta en una proporción del 300%, mientras que el de la plantilla se queda en el 30 o 40%”, indica Jiménez. “Esto no es algo que solo nos beneficie a nosotros, si este alumnado está mejor atendido, redunda en la calidad de la educación de todos”, indica Ballesteros.