En el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos a los capturados por la presunta participación en las irregularidades detectadas en contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17, la Fiscalía expuso que decisiones adoptadas desde la Secretaría General del Ministerio de Defensa habrían incidido en fallas sustanciales dentro del acuerdo.Según el ente acusador, el entonces secretario general, Hugo Alejandro Mora Tamayo, llevó a que el supervisor del contrato “incurriera en errores” que afectaron el cumplimiento de los requisitos legales del proceso.Ante un juez penal de control de garantías, la Fiscalía presentó a tres personas señaladas de integrar un esquema que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de forma irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares.Uno de los helicóptero MI-17 del Ejército. Foto:EjércitoEn el listado de imputados, además de Mora Tamayo, figuran el exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército. Cada uno, de acuerdo con la Fiscalía, habría tenido un rol específico dentro del proceso contractual.Durante la diligencia, el fiscal explicó que “ante la insistencia del contratista de modificar la forma de pago para obtener un pago anticipado, Hugo Mora, en su calidad de director de Contratación estatal del Ministerio de Defensa, con el aval del gerente del proyecto, coronel Julián Ferney Rincón, emitió concepto favorable de modificar la cláusula de la forma de pago, pasando de un pago contraentrega a un pago anticipado”.El funcionario agregó que “ese concepto se emitió contrariando la ley porque no se trataba de una circunstancia extraordinaria, imprevista o imprevisible”.Algunos de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército. Foto:Archivo particularLos elementos recaudados por la Dirección Especializada contra la Corrupción indican que el coronel Rincón Ricaurte, como gerente del proyecto, habría avalado prórrogas irregulares para la entrega de cotizaciones y participado de manera indebida en la etapa precontractual. Además, la Fiscalía sostiene que certificó sin soporte técnico que la empresa Vertol Systems Company contaba con experiencia e idoneidad, a pesar de que el comité evaluador había descartado esa propuesta.En el mismo expediente se señala que el oficial intervino para modificar estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista. Estas actuaciones, según la acusación, limitaron la posibilidad de establecer si la empresa cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente para asumir un contrato de esa magnitud.Por su parte, Manrique Cabezas habría participado en la elaboración y evaluación del estudio económico previo. De acuerdo con la Fiscalía, modificó los requisitos financieros habilitantes, lo que permitió aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, parámetros obligatorios dentro de los procesos de contratación estatal.Bunker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Foto:Archivo El TiempoEn cuanto a Mora Tamayo, el ente investigador afirmó que, pese a conocer las irregularidades y la falta de cumplimiento de los requisitos legales, suscribió el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, viabilizó la modificación de la forma de pago y autorizó un anticipo del 50 por ciento del valor total, equivalente a más de 16 millones de dólares, girados a una cuenta del contratista en Estados Unidos.Aunque el contrato no podía ejecutarse debido a los incumplimientos atribuidos al proveedor, el anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025. Según la Fiscalía, esta decisión se tomó sin que existieran las condiciones contractuales ni técnicas para iniciar la ejecución del objeto pactado.Del valor total del contrato, el contratista habría ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares. A la fecha, indicó la Fiscalía, no se ha producido la devolución del saldo restante, superior a los 13 millones de dólares, pese a la declaratoria formal de incumplimiento emitida por el Ministerio de Defensa.Con base en estos hechos, la Fiscalía imputó a los tres investigados, según su posible responsabilidad individual, los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación. Ninguno de los cargos fue aceptado por los procesados.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: