Carlos Ramón González Merchán —figura clave en el círculo más estrecho del presidente Gustavo Petro y uno de los militantes del M-19— está prófugo de la justicia colombiana, luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó su captura por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y prevaricato por omisión, dentro del escándalo por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Aunque la orden judicial no incluyó el delito de lavado de activos, el más grave del expediente, el tribunal dejó claro que la investigación por ese cargo sigue en curso. Si es imputado y hallado culpable por todos los delitos en concurso, González podría enfrentar hasta 18 años de prisión, según explicaron penalistas consultados.“Si se llega a demostrar el delito de lavado de activos, cuya pena mínima es de 15 años, y hay un concurso con los otros delitos, podríamos hablar de penas de hasta 18 años de prisión, aun si no tiene antecedentes”, explica el abogado penalista Francisco Bernate.González, hasta hace un año director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y antes jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue señalado por la Fiscalía como el cerebro de la entrega de $4.000 millones a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. A cambio, ambos habrían apoyado proyectos legislativos clave del Gobierno en 2023.Carlos Ramón fue enviado a la cárcel por escándalo en la UNGRD. Foto:EL TIEMPOLas entregas, según versiones de testigos, como el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, se realizaron por instrucción directa de González. La Fiscalía también reveló que, en enero de 2024, González se reunió con López en su apartamento en Bogotá para prometerle su respaldo político y facilitar su regreso a la dirección de la Unidad, pese a estar suspendido.Hoy, mientras López, Pinilla, Name, Calle y la exconsejera presidencial Sandra Ortiz ya están tras las rejas o en detención domiciliaria, González sigue sin aparecer. Aunque su defensa aseguró que ha colaborado con la justicia en audiencias virtuales, la Fiscalía verificó que se habría conectado desde el exterior y que, desde mediados de 2024, no reside en Colombia. Según el ente acusador, estaría en Nicaragua, y por eso se tramita una circular roja de Interpol para lograr su captura internacional.Sandra Ortiz, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y Carlos González. Foto:Archivo particularLa defensa de González apeló la decisión del Tribunal. Será la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la que resuelva si se mantiene o no la medida privativa de la libertad. No obstante, mientras eso ocurre, la orden de captura sigue vigente y es susceptible de hacerse efectiva en cualquier momento.El abogado Marlon Díaz, explicó que con la medida de aseguramiento, está la posibilidad de emitir una circular roja de Interpol para su captura internacional. “Ya se podrían activar los mecanismos internacionales de cooperación penal”, sostuvo.El penalista Camilo Burbano detalló que es la Fiscalía la que debe solicitar la circular roja a Interpol, pero aclaró que la decisión judicial en Colombia no tiene efectos automáticos fuera del país. “La Fiscalía debe contactar a Interpol para que emita la orden de captura internacional”, dijo. Si González está efectivamente en Nicaragua, su ubicación se complica por el contexto político de ese país.Carlos Ramon González, exdirector del Dapre Foto:El TiempoUna vez identificado su paradero, el penalista Carlos Hernán Escobar señaló que el Ministerio de Justicia tendría que revisar la documentación del caso y remitir a la Cancillería. Esta última asumiría entonces las gestiones diplomáticas correspondientes para lograr la extradición, un proceso que puede tomar meses y depender de las relaciones bilaterales.El proceso penal contra González está aún en una etapa inicial. Tras la imputación y la orden de detención, lo que sigue es la audiencia de acusación, que podría darse en los próximos meses. Luego vendrá el juicio como tal, con el debate de pruebas y, finalmente, la sentencia.“El proceso apenas comienza. La audiencia de imputación y medida de aseguramiento ya se cumplió, pero falta la acusación formal, y luego vendrá el juicio”, explica el penalista Fabio Humar. “Solo al final del proceso, si hay una condena, se podrá determinar la pena exacta”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com