
La posesión de la tierra en Escocia es singular. Símbolo de estatus, denota poder e implica supremacía económica, pero detrás de un privilegio al alcance de una exclusiva minoría subyace uno de los modelos más dispares del mundo occidental. La concentración de suelo en un reducido grupo de propietarios supone una anomalía en el propio Reino Unido, un patrón que genera una estructura profundamente desigual que acarrea tensiones y potencial abuso de poder. El sistema escocés de documentación de tierras es también el más antiguo del mundo y el reciente intento de modernizarlo, con un registro integral que debía finalizarse para 2024, ha quedado abandonado por inviable.Pese a las sucesivas reformas promovidas por el Gobierno escocés —la más reciente, aprobada este mes—, la mitad de la tierra privada en Escocia pertenece a apenas 420 propietarios. Y lo más preocupante es que la tendencia histórica, que apuntaba a una menor concentración, ha quedado revertida en las últimas dos décadas, con la acumulación de más tierra en menos manos, según evidencia el proyecto Quién Posee Escocia (Who Owns Scotland, título original en inglés), gestionado por el analista y escritor Andy Wightman, quien ha dedicado los últimos 20 años a investigar el fenómeno. Su plataforma es revisada cada año y abarca actualmente más del 76% de la zona rural escocesa. La excepcionalidad escocesa se originó, como era común en Europa, a partir de la concentración de tierras en un limitado número de propietarios en la cima de lo que, en la práctica, funcionaba como una pirámide feudal. El desequilibrio territorial británico, resultado de la centralización del poder en el sur del país, y la falta de autonomía hasta 1999, cuando la Ley de Escocia dotó al territorio de Ejecutivo y Parlamento propios, también resultaron clave.La pervivencia del modelo, sin embargo, radica en la singularidad histórica del Reino Unido. “La reforma de la tierra tiende a tener lugar tras una colonización, una revolución o un gran evento político. En Europa empezó tras la Revolución Francesa, pero el Reino Unido, y por extensión Escocia, no formó parte de ese proyecto europeo, porque no tuvo una revolución, ni grandes cambios. La tierra siguió perteneciendo a hombres que mandaban en el Parlamento y siempre es difícil, para quienes las poseen, reformar el sistema. Nunca tuvimos las reformas acometidas en otros países europeos”, argumenta Andy Wightman en conversación con EL PAÍS.La particularidad de Escocia se explica, asimismo, por su integración en el conjunto del Reino Unido en 1707 y la dispar evolución territorial. Escocia “era relativamente pobre por entonces, y cuando comenzó la Revolución Industrial se generó un inmenso excedente de capital, a partir de la industrialización y el colonialismo, pero predominantemente en Inglaterra”. Los jugosos fondos adicionales fueron destinados al ocio, lo que llevó a importantes fortunas a comprar grandes extensiones de tierra en Escocia para actividades como la caza.El fenómeno, además, se produjo después de los llamados clearances, los desplazamientos forzados de población, especialmente en las Highlands (las tierras altas, en el noroeste del territorio), mediante los que grandes terratenientes expulsaron a arrendatarios, un proceso que liberó una vasta extensión de suelo que pasaría a la denominada economía del ocio.En el modelo que ha llegado a la actualidad, la aristocracia tradicionalmente dominante ha sido sustituida por un nuevo perfil. En torno a la mitad de los propietarios proceden de la riqueza típica de los últimos 150 años, tanto nuevas industrias como la colonización, y un 4% son extranjeros, como el emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quien cuenta con 63.000 acres de terreno. El principal dueño de tierras privadas en Escocia es el magnate danés del textil Anders Holch Povlsen.El debate ha motivado sucesivas intervenciones del Gobierno nacionalista (SNP, siglas en inglés del Partido Nacional Escocés), que considera que los réditos y oportunidades de la tierra deben estar más y mejor repartidos. La más reciente fue aprobada a principio de noviembre, con la llamada Ley de Reforma de la Tierra, que aspira a regular el espinoso uso del suelo, así como los términos de compra y venta.Entre las apuestas figura la responsabilidad de los grandes propietarios de informar a la comunidad sobre qué ocurre con la tierra, facilitar la adquisición por parte de grupos comunitarios cuando un terreno sale a la venta y lidiar con el empleo agrícola y medioambiental del suelo.El problema, según los críticos, es la complejidad de la ley y que no va lo suficientemente lejos. Incluso la Comisión Parlamentaria de Cero Emisiones Netas, Energía y Transporte, pese a recomendar la aprobación, consideró la normativa “demasiado grande y demasiado complicada”, mientras que Andy Wightman vaticina “muy poco efecto, si es que tiene alguno”.“Introduce procesos burocráticos altamente complejos para dar a las comunidades derechos de compra ligeramente mejorados, pero no mucha gente vive en o alrededor de estas grandes extensiones de tierra, que suelen estar concentradas en partes montañosas, así que es muy difícil que puedan beneficiarse. Como reforma de la tierra, no es buena”.Tras la aprobación de la ley, Sofie Kirk Kristiansen, la heredera de Lego, el gigante del juego de construcción, compró un terreno por 25 millones de libras (unos 28,5 millones de euros), pero, según Wightman, el valor de mercado rondaría los 7 millones, lo que, en su opinión, es “prueba de que la ley no va a marcar diferencia”. “Hay multimillonarios adquiriendo propiedades en pequeños pueblos, lo que entra en conflicto directo con las comunidades. Pero esta ley no lidia con ello, porque los terrenos no son muchas hectáreas” y la legislación se centra en las grandes extensiones, explica.El cambio, dice, tiene que ser “estructural” y reformular el sistema de raíz. “Para reformar la tierra, hay que tener claros los objetivos. No es suficiente con decir que el modelo es injusto o desigual, o que algunos tienen demasiadas tierras, o que son demasiado ricos. Son observaciones legítimas, pero hay que tener claro qué se quiere hacer”, declara. Y sostiene que “democratizar cómo se posee y usa la tierra no es coherente con el hecho de que tan poca gente posea tanta extensión”.Las principales transformaciones hasta ahora han sido a través de las llamadas reformas asistidas por el mercado, promovidas para tratar de redistribuir la tierra cuando sale a la venta. “El propietario quiere vender y, mientras sea compensado, no tiene problema”, recalca Wightman, quien apunta, no obstante, que cada año sale al mercado un minúsculo porcentaje, lo que desafía “la idea de que se va a lograr cambiar sustancialmente el modelo a través de intervenir cuando la tierra se pone a la venta, especialmente si es muy cara”. “Si ese va a ser el único proceso, va a ser un cambio muy, muy lento”, advierte.Escocia es el ejemplo: “La tierra estaba ya muy concentrada, pero el patrón está yendo a más todavía, revirtiendo una tendencia histórica”. La explicación se halla en las “grandes fuerzas de un mercado muy liberal, que permite comprar tanto como se quiera, sin que se hagan preguntas”. El analista plantea una solución doble: adoptar las leyes de herencia de gran parte de Europa —limitando el derecho de los hijos a heredar— e incidir en la fiscalidad. “Las grandes extensiones de tierra deberían pagar más impuestos. Ante una carga tributaria anual en línea con el valor de mercado de la tierra, la gente se lo pensaría dos veces a la hora de acumular grandes extensiones”, sostiene, lo que ayudaría trasladar la prioridad al “uso económico de la tierra, en lugar de tenerla con un activo especulativo, que generará beneficio si se vende”.
Escocia, una región en manos de medio millar de propietarios | Internacional
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