El Gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó lo que había anunciado desde comienzos de este mes: decretar una emergencia económica tras la situación de orden público y el hundimiento de la reforma tributaria, con la que se buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación de 2026.A la par, el jefe de Estado anunció una urgencia manifiesta para adquirir un sistema antidrones, tras el ataque terrorista del Eln en Aguachica (Cesar), que dejó siete soldados asesinados, en medio de una semana marcada por atentados de este grupo armado en el país.El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el atentado en Aguachica. Foto:Archivo particularPara justificar la emergencia económica, el Gobierno argumenta la existencia de hechos sobrevinientes no previsibles, entre ellos que el propio Congreso haya aprobado un presupuesto sustentado en una ley de financiamiento y luego negara esa ley, una situación sin precedentes en 30 años, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila. A esto se suman la crisis financiera del sector salud, el riesgo en el pago de subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 —con especial impacto en la Costa Atlántica—, la obligación constitucional de cumplir vigencias futuras por cerca de 15 billones de pesos anuales, el posible incumplimiento en el pago de sentencias judiciales y el deterioro de la seguridad nacional, evidenciado en recientes atentados terroristas a la Fuerza Pública y el uso de drones por parte de grupos armados.Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:Néstor Gómez EL TIEMPOSin embargo, la idea de que el Ejecutivo use un decreto de emergencia para imponer una reforma tributaria o realizar un ajuste fiscal sin pasar por el Congreso enfrentaría, según expertos, un camino cuesta arriba en los estrados judiciales, especialmente en la Corte Constitucional, que en varias ocasiones ha tumbado decretos de este tipo cuando no se demuestra que el problema era imprevisible.Cristina Pardo Schlesinger, exmagistrada de la Corte Constitucional y decana de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, sostuvo que “una emergencia económica implica que haya sobrevenido un hecho grave de ocurrencia imprevista o el agravamiento inusitado de una situación existente. No parece que se esté frente a nada imprevisto. Todo lo contrario, varios economistas han indicado y advertido que es necesario reducir los gastos del gobierno nacional”.Una emergencia económica implica que haya sobrevenido un hecho grave de ocurrencia imprevista o el agravamiento inusitado de una situación existente. No parece que se esté frente a nada imprevistoCristina pardoExmagistrada de la Corte Constitucional.Fuentes de la Corte le dijeron a EL TIEMPO que podría contemplarse una medida cautelar para suspender esta medida de excepción, al no estar amparada por los requisitos legales exigidos para su expedición. El caso, aun así, llegaría al alto tribunal después de la vacancia judicial, el 10 de enero del próximo año.Gonzalo Ramírez Cleves, doctor en Derecho, expresó que esta figura “no cumpliría con la idea de estados de excepción sobre emergencia económica y social, porque hay unos presupuestos que están establecidos que tienen que ver con la idea de que esto sea algo que no sea previsible en la sobreviniencia. Si ya se preveía que hay un déficit fiscal, pues quizás hubieran podido dar otras medidas, como por ejemplo la limitación del gasto de parte del Estado para no generar este problema”.Para Carlos Alberto Zambrano, exmagistrado del Consejo de Estado, es una situación creada por el propio gobierno a través de la presentación de un presupuesto desfinanciado y, “por consiguiente, no podemos hablar de la existencia de ese condicionamiento al que se refiere el artículo 215 de la Constitución”.”En esa medida, no creo que sea viable declarar válidamente ese estado de excepción que, insisto, solo es posible decretar cuando —como exige el artículo mencionado, es decir, el artículo 215 de la Constitución— ocurran hechos que afecten de manera seria el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan una grave calamidad pública. Pero esos hechos no deben ser generados por el propio gobierno, que es justamente lo que ocurre en este caso”, dijo.Reforma tributaria se estancó en las comisiones económicas. Foto:MinhaciendaPor su lado, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, dijo: “Las emergencias económicas tienen que ser hechos sobrevinientes y excepcionales. Y en este caso, este no es un hecho que podría calificarse como sobreviniente, es un hecho inducido, autoinfligido por parte del propio gobierno”.Señaló que el presupuesto fue presentado “sobredimensionado en más de 45 billones de pesos que no tenían fuente de financiación conocida ni efectiva”, que el déficit y la deuda pública han crecido de manera “desbordada” y que la deuda bruta ya llega al 65% del PIB, lo que aumenta los costos financieros y reduce el margen de maniobra.Añadió que los gastos de funcionamiento entre 2022 y 2026 aumentan en 155 billones de pesos: “Es muy significativo ese aumento y obviamente es imposible que exista un presupuesto que sea capaz de financiar eso”.Para Restrepo, “fabrican una emergencia económica con derroche, un aumento desbordado de la deuda, presupuestos inalcanzables llenos de burocracia e inversiones mal focalizadas, metas de ingreso que nunca se cumplen y un incremento de la prima de riesgo país, lo que ha encarecido la deuda en un 50 % frente a 2022. Y ahora decretan la emergencia que ellos mismos fabricaron. Eso es “manosear” la figura constitucional de la emergencia económica y por donde se le mire, esa emergencia es inconstitucional”.Consideró que la Corte Constitucional “no tendría mucha más salida distinta a declarar inexequible una emergencia (…) que ni es sobreviniente ni es excepcional, sino que es inducida por el propio Gobierno”.Presidente Gustavo Petro anunció que usará urgencia manifiesta para comprar sistemas antidrones. Foto:PresidenciaPara Julio Enrique Duarte, decano de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, “una emergencia económica de alcance nacional es jurídicamente posible, pero políticamente riesgosa y difícil de justificar si el propósito es suplir al Congreso. Podría sobrevivir solo si se ancla en un hecho severo, repentino y ajeno a la discusión tributaria ordinaria que ya está abierta en el Congreso de la República”.Duarte señaló que solo podría “parecerse” a escenarios como el del Catatumbo si Colombia sufriera una crisis territorial severa —colapso productivo regional por desastre natural, escasez crítica de alimentos o caída abrupta de un sector estratégico— y si el Gobierno limitara su intervención a ese frente específico con medidas temporales y delimitadas. Pero advirtió que, si la intención es usar un decreto para reemplazar el trámite legislativo ordinario, “la comparación deja de ser válida: ya no sería un plan de choque asistencial como en el Catatumbo, sino un movimiento de alto riesgo legal y político”.Por eso, la probabilidad de que se reproduzca un caso similar, pero a nivel nacional y con enfoque tributario, es baja. Si algo del estilo llegara a prosperar, sería “pequeño, limitado y territorial, no un espejo de alcance país ni un sustituto del trámite legislativo”.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com