Durante una audiencia ante la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, de la Corte Constitucional, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el componente de seguridad de la población firmante del Acuerdo de Paz, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, presidente de la Sala, entregó un duro balance con relación a esta población durante el primer trimestre de 2025.“Lamentablemente, de acuerdo con la más reciente información suministrada por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el primer trimestre de 2025 ha sido el periodo más violento contra la población firmante del acuerdo de paz, desde la suscripción del acuerdo”, dijo la magistrada al mencionar la preocupación por las condiciones de seguridad de los firmantes. Así las cosas, la magistrada reveló que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, durante los primeros 90 días de 2025, “se presenta un incremento del 67% en los homicidios, un 300 % los casos de desplazamiento forzados masivos y un 900 % en los casos de desaparición”. La Corte Constitucional. Foto:SERGIO ACERO YATE“Para esta Sala, es claro la intervención urgente del Sistema de Prevención, la coyuntura actual demuestra que existen problemas estructurales en varios componentes de las garantías de seguridad, entre estos en el funcionamiento del sistema de prevención y la alerta para la prevención rápida. Estas fallas impiden que este sistema sea lo que el Acuerdo de Paz buscó, que fuera una herramienta para identificar, advertir, mitigar y eliminar de forma oportuna riesgos a los derechos de los firmantes”, dijo la magistrada en su intervención.Añadió que la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo es ampliamente conocida por el país y sobre ella la Sala ya se ha pronunciado en sesiones previas. “En relación con esta grave situación, la Sala ha documentado el homicidio de 6 firmantes de paz durante el mes de enero del 2025 en Norte de Santander, así como la desaparición de al menos siete firmantes. Adicionalmente, según el informe más reciente de la misión de verificación de la ONU, entre las más de 54,800 personas desplazadas forzosamente, 180 corresponden a firmantes de paz”.Pero resaltó la magistrada que esta situación de violencia contra la población firmante de paz “no es exclusiva de la región del Catatumbo”, pues, en lo corrido del presente año, la Sala ha recibido información sobre diversos hechos victimizantes en diversos lugares del territorio nacional.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: