Tras la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó la intervención del Gobierno a la EPS Sanitas—y en un contexto en el que esta decisión podría generar un efecto dominó sobre otras resoluciones similares—, la Contraloría reveló que la deuda acumulada de las Entidades Prestadoras de Salud asciende a 32,9 billones de pesos y que las ‘tomas’ administrativas por parte de la Superintendencia no han mejorado su solvencia.De acuerdo con el informe financiero del sector salud, con corte a diciembre del año pasado, el billonario monto de la deuda acumulada de las EPS evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema. Adicionalmente, 16 entidades presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad para responder a sus obligaciones inmediatas.Contraloría revela auditorías sobre Sanitas y Nueva EPS en la vigencia 2023. Foto:ArchivoEl ente de control señaló que, de las 157 EPS autorizadas desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, hoy operan apenas 29, y solo seis de ellas —que cubren apenas el 10,92 % del total de afiliados— cumplen con las condiciones financieras exigidas: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas.“Las liquidaciones han sobrecargado a las EPS restantes, que deben asumir afiliados sin contar con capacidad operativa o financiera suficiente, profundizando la crisis”, señala el informe.Ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente, lo que evidencia que el control estatal no ha sido efectivo para conjurar las causas financieras por las que fueron tomadas administrativamente por el Gobierno.Cruz Verde es el principal proveedor de medicamentos de la EPS Sanitas. Foto:Archivo El TiempoActualmente, 15 EPS no cumplen con el capital mínimo, 14 incumplen el patrimonio adecuado y 22 no realizan la inversión de reservas técnicas exigida por la norma.De los más de 32 billones de pesos adeudados, 2,8 corresponden a operadores farmacéuticos. “Esta situación —pese a que en lo corrido de 2024 se ha pagado cerca del 90 % de la facturación (13,3 de 14,7 billones de pesos)— ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de las peticiones, quejas y reclamos (PQR) del sector”, advirtió la Contraloría.Entre los casos críticos mencionó el de la intervenida Nueva EPS, con más de 11,5 millones de afiliados, que no ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024 y su patrimonio es negativo. “Su intervención no ha resuelto las deficiencias, lo que representa un riesgo grave para la atención en todo el país”.En este escenario de debacle financiera, la Contraloría calificó como contraproducente la implementación de modalidades contractuales como la de Pago Global Prospectivo, que “representa un riesgo fiscal significativo al permitir pagos anticipados sin mecanismos sólidos de control sobre la prestación efectiva de los servicios. Esta medida progresiva, debilita la discusión del sector en torno a la suficiencia de los recursos dispuestos para la UPC”. También incluyó disparidades en el gasto administrativo, rubro en el que “no existe una reglamentación clara para el cálculo y ni el Ministerio de Salud y Protección Social ni la Superintendencia Nacional de Salud, han emitido lineamientos técnicos al respecto”.En el trasfondo de este estado de cuentas está la salud de los colombianos, sobre la que recaen las consecuencias. Según la Contraloría, las PQR (peticiones, quejas y reclamos) aumentaron un 23,2 %, al pasar de 1,3 millones en 2023 a más de 1,6 millones en 2024.Corte anuló intervención del Gobierno a Sanitas Foto:El 91 % de estas se relaciona con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. La Nueva EPS concentró el 22 % del total. Además, en lo corrido de 2024 se han presentado 175.025 tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, lo que representa un aumento del 35 % frente al año anterior.“Estas condiciones comprometen la capacidad del sistema para responder con oportunidad y calidad a la demanda en salud. No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo si no se toman decisiones estructurales y urgentes”, advirtió el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia