En el período comprendido entre el 26 de abril de 2024 y el 27 de noviembre de 2025, Colombia fue testigo de 382 atentados terroristas perpetrados mediante drones cargados con explosivos, una táctica empleada principalmente por grupos armados ilegales como el Eln y las disidencias. Estas acciones provocaron las muertes de 18 miembros de la Fuerza Pública y un civil, y dejaron más de doscientos uniformados y cuarenta civiles heridos, lo que refleja el preocupante impacto de esta nueva modalidad de violencia sobre la seguridad nacional. LEA TAMBIÉN Esta situación hace imprescindible considerar la adquisición de tecnología que permita contrarrestar estos ataques, y también valorar la incorporación de drones como herramienta para que la Fuerza Pública recupere la iniciativa y el dominio del espacio aéreo frente a los grupos armados ilegales.Cambios en las dinámicas criminalesHay que anotar que el conflicto armado en Colombia cambió. Ya no hay grupos guerrilleros que quieran tomarse el poder, sino grupos armados con control territorial violento que, a como dé lugar, van a defender sus rentas criminales.El Estado no está enfrentando grupos guerrilleros con ideología política, como sucedió hasta la desmovilización de las Farc-EP en 2016. Lo que queda hoy en día son grupos dedicados a enriquecerse mediante las rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión, entre otras actividades, con vínculos con el crimen organizado transnacional. Atrás quedaron ‘la revolución, la toma de poder y la defensa de los intereses del pueblo’.No son grupos armados que se mueven en columnas o acampan en un lugar determinado; no están dispuestos a enfrentar de manera directa a la Fuerza Pública, ni tienen la capacidad para hacerlo. Por eso, recurren a acciones terroristas y a la utilización de drones con explosivos para defender y conservar las zonas de producción de sus rentas criminales.Frente a estos cambios profundos en los conflictos armados que hoy tiene Colombia, se requiere que la Fuerza Pública cambie su estrategia y logística para enfrentar los distintos grupos mafiosos que hoy tienen control y gobernanza en distintos territorios del país, todos asociados a las distintas rentas criminales.En el mes de octubre, el general Carlos Padilla, comandante de la División de Aviación, tomó la decisión de crear el primer batallón de drones del país y aunque no se presentó un cronograma de trabajo determinado, es recomendable que sea un proyecto prioritario del Gobierno, con los recursos y la agilidad necesarios para hacerlo realidad en el menor tiempo posible.Hablando con el experto Hugo Fernando Ardila Miranda sobre este tema, me facilitó y autorizó el uso de un documento suyo que contribuye a comprender el uso de los drones por parte de la Fuerza Pública.Según Ardila, durante décadas las Fuerzas Armadas de Colombia ostentaron un monopolio casi absoluto del espacio aéreo. Nuestros helicópteros y aviones eran símbolos de poder estatal, capaces de proyectar fuerza, desembarcar tropas y evacuar heridos con relativa facilidad. Esta era ha terminado; los grupos armados ilegales, mediante la adaptación de tecnología comercial de bajo costo, han despojado a la Fuerza Pública de su santuario en la baja altura (0-1.000 metros). LEA TAMBIÉN Cada patrulla, cada base militar, cada vehículo son ahora observados y atacados desde una dimensión que no se puede bloquear eficazmente. La superioridad aérea ya no se mide por el número de cazas o helicópteros Black Hawk, sino por quién controla el espacio aéreo inmediatamente encima de la línea de combate.La superioridad aérea ya no se mide por el número de cazas o helicópteros Black Hawk, sino por quién controla el espacio aéreo inmediatamente encima de la línea de combate¿Es conveniente que nuestra Fuerza Pública utilice drones equipados con armamento? El Derecho Internacional Humanitario (DIH) no solo responde con un rotundo sí, sino que revela una paradoja crucial: en el contexto de la guerra asimétrica colombiana, el uso de drones de ataque sería, en muchos casos, la opción militar más ética y precisa disponible.VentajasEl uso de drones de ataque sería, en muchos casos, la opción militar más ética y precisa disponible. Foto:Juan Pablo Rueda. EL TIEMPOLejos de ser ‘robots asesinos’ indiscriminados, los drones, operados bajo una doctrina estricta, refuerzan los pilares del DIH de distinción, proporcionalidad y precaución de una manera que las armas convencionales a menudo no pueden. En términos de distinción, un dron ofrece una vigilancia persistente. Permite a un operador observar un objetivo durante horas, asegurando la identificación positiva que confirme que es un combatiente legítimo y no un civil. Esa es la diferencia entre disparar a coordenadas en un mapa con un mortero y apuntar con certeza a un blanco verificado.En relación con la proporcionalidad, el dron utiliza un bisturí quirúrgico, mientras que otros usan un mazo. Permite el uso de municiones pequeñas y precisas para neutralizar una amenaza específica sin causar el devastador daño colateral de una bomba aérea o del fuego de artillería. LEA TAMBIÉN Frente a la precaución, la capacidad de un dron para abortar un ataque en el último segundo si un civil entra en escena es una salvaguarda que casi ningún otro sistema de armas ofrece. Reduce el riesgo para los no combatientes y para las propias tropas, y así evita asaltos frontales de alto riesgo.El enemigo ya está usando esta tecnología sin restricción alguna ética ni legal. La vacilación no sería una muestra de superioridad moral; podría interpretarse como una renuncia a la responsabilidad estatal de proteger a soldados, policías y ciudadanos.El verdadero obstáculo no es la ley ni la tecnología, sino la falta de visión y la parálisis en la toma de decisiones en el liderazgo político y militar actual. La pregunta ya no es si se debe adoptar esta capacidad, sino cuántas vidas más costará esta indecisión. Para recuperar los territorios y garantizar la seguridad de los ciudadanos, hoy afectada por los grupos armados ilegales, hay que empezar a luchar con las herramientas y la mentalidad de hoy.Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional (1993-1995), exsubsecretario de seguridad de Bogotá (1995, 2003) y secretario de Seguridad de Bogotá (2021-2022), experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis. (**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.Cauca, Valle, Norte de Santander y Sur de Bolívar, las zonas más afectadasEn diciembre de 2025, un ataque con drones en Aguachica dejó 7 soldados muertos y 30 más heridos. Foto:Redes socialesEn la noche del 18 de diciembre, un atentado del Eln contra una base militar del Ejército, ubicada en Aguachica, Cesar, en el que se usaron drones cargados con explosivos, dejó siete soldados muertos y 30 más heridos, en lo que se convirtió en uno de los cinco ataques más graves contra la Fuerza Pública en lo que va del gobierno de Gustavo Petro.Pero ese evento está lejos de ser un hecho aislado. Según un informe de la Fuerza Pública, entre el 26 de abril de 2024 y el 27 de noviembre de 2025 se habían contabilizado 382 ataques terroristas con drones, un promedio de uno cada día y medio. Aunque este es el último dato consolidado, hechos como el de Aguachica en diciembre dejan ver que en las últimas semanas de 2025 la situación no mejoró.De acuerdo con el documento, los 382 ataques, en los cuales se lanzaron alrededor de 860 granadas en total, dejaron 282 víctimas, entre las que se contabilizaron 40 civiles lesionados y uno fallecido, y 223 integrantes de la Fuerza Pública heridos, y 18 de ellos fallecidos. LEA TAMBIÉN Si bien esta práctica criminal se ha extendido por varias zonas del país, se ha concentrado particularmente en Cauca, Valle del Cauca, el sur de Bolívar y Norte de Santander, según el informe.Tan solo en la jurisdicción de la Tercera División del Ejército, que opera en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, se registraron 245 ataques con drones entre 2024 y noviembre de 2025; le siguió, con 21 ataques, la zona que cubre la Segunda División, que opera en Santander, Norte de Santander, tres municipios de Boyacá, uno del oriente de Antioquia, ocho del sur de Bolívar y seis del sur de Cesar. En tercer lugar, con 19 hechos, se ubicó la Primera División del Ejército, con jurisdicción en La Guajira, Cesar, Atlántico, Magdalena, Bolívar y cuatro municipios de Antioquia.Sobre este tipo de ataques, que se han extendido por todo el país, el 29 de diciembre, durante la ceremonia de ascenso de generales en la que presentó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro afirmó que la ventaja aérea de las Fuerzas Militares frente a los grupos ilegales “se ha perdido”, y añadió que ahora la ventaja “la tiene el narcotráfico, que puede comprar (los drones) en efectivo y por miles”.Ya el 19 de diciembre, el Presidente había ordenado la compra de forma “inmediata” de sistemas antidrones para proteger unidades militares y había dicho que se usaría la “urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”, escribió el primer mandatario en X.Redacción EL TIEMPO.