En un intento por cerrar definitivamente la puerta al mercurio, la Agencia Nacional de Minería (ANM) presentó un proyecto de ley que propone convertir en delito penal toda la cadena de uso ilícito de este metal pesado en Colombia.La propuesta contempla penas que oscilan entre 60 y 84 meses de prisión, así como multas de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En los casos en que el uso del mercurio afecte zonas de especial protección ambiental o comunidades vulnerables se aplicarán agravantes.Minería ilegal en Putumayo. Foto:Cortesía.El articulado exceptúa a quienes lo utilicen con fines científicos, médicos o industriales bajo autorización expresa.Aunque desde 2018 está prohibido en Colombia el uso del mercurio en la minería, su empleo en la extracción de oro persiste, especialmente en regiones como Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Santander, Huila, Cauca y Nariño. Allí, no obstante los esfuerzos de formalización minera y promoción de tecnologías limpias, el metal continúa siendo utilizado, con consecuencias documentadas para la salud pública y los ecosistemas.“Colombia no puede seguir siendo territorio de impunidad para quienes usan el mercurio de manera indiscriminada”, sostuvo Luis Álvaro Pardo Becerra, presidente de la ANM, al presentar el proyecto.Minería ilegal. Foto:Daniel Muñoz. AFPA su juicio, esta propuesta representa un paso decisivo para garantizar el derecho a un ambiente sano y avanzar en los compromisos asumidos por el país en el marco del Convenio de Minamata, tratado internacional suscrito por más de 140 países para reducir y eliminar el uso de mercurio en procesos industriales y mineros.La iniciativa fue presentada ante delegados de los ministerios de Justicia, Defensa, Minas, Ambiente y Energía, así como representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía Nacional y organismos internacionales como la ONU.La intención es construir un proyecto articulado que pueda ser respaldado por el Ejecutivo y radicado en el Congreso durante la próxima legislatura.Si bien el anuncio ha sido bien recibido por sectores que promueven la defensa del ambiente, su implementación enfrenta desafíos conocidos: el control efectivo de las cadenas ilegales de suministro, la fiscalización en zonas de difícil acceso y el acompañamiento técnico y financiero a pequeños mineros, muchos de los cuales aún dependen del mercurio por falta de alternativas.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: