A través del Auto 2059 de 2025, expedido un día antes de la vacancia judicial, el pasado 19 de diciembre, la Corte Constitucional ordenó la adopción de medidas provisionales urgentes para garantizar la continuidad de la inclusión de la población recicladora en el servicio de aseo del Distrito, ante el inminente vencimiento de los contratos de concesión, previsto para el 11 de febrero de 2026.El tribunal intervino en el tema tras una serie de protestas y bloqueos protagonizados por los recicladores en Bogotá, en contra del Decreto 014 de 2023, que regula la selección del material reciclable en el espacio público.Corte Constitucional Foto:CortesíaLa Corte adelantó mesas de trabajo para hacer seguimiento a la Sentencia T-724 de 2003, que reconoció a los recicladores como sujetos de especial protección constitucional y ordenó su inclusión real en el sistema de aseo.Según el gremio, los contratos vigentes bajo el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) —implementado desde 2018— vencen el 11 de febrero de 2026, lo que pone en riesgo los avances logrados en materia de acceso al material reciclable y de una remuneración efectiva por su labor.En la solicitud presentada por la Entidad Medioambiental de Recicladores, encabezada por Luis Alberto Romero, se le pidió a la Corte adoptar medidas cautelares, pues sin un régimen transitorio no está garantizado que los recicladores mantengan un acceso cierto y seguro al material reciclable, como ocurre actualmente.Además, se advirtió que, en un nuevo esquema, las empresas privadas podrían recolectar también los residuos aprovechables, afectando la fuente de sustento de esta población y desnaturalizando las órdenes impartidas en la Sentencia T-724 de 2003.Fallo de la Corte sobre renovación de contratos de recicladores Foto:ArchivoTambién se alertó sobre la falta de coordinación de rutas y de obligaciones de intercambio de información, lo que podría derivar en que los recicladores lleguen a los puntos de recolección cuando los residuos ya hayan sido recogidos o no estén debidamente separados.De igual forma, señalaron que hoy los recicladores reciben un pago estable a través de la tarifa del servicio de aseo. Un modelo sin facturación conjunta ni administración fiduciaria haría que su sustento dependa únicamente de la venta del material reciclado, un ingreso que calificaron como inestable.En consecuencia, la Corte ordenó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expedir, a más tardar el 25 de enero de 2026, un acto administrativo de carácter transitorio que preserve las acciones afirmativas vigentes en favor de los recicladores de oficio.El auto precisa que dicho régimen transitorio deberá mantenerse mientras la CRA expide un marco regulatorio tarifario que incorpore los avances de los últimos diez años y los estándares de protección para esta población; el Distrito obtiene la verificación de motivos para incluir áreas de servicio exclusivo en los nuevos contratos; y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) adelanta la licitación, adjudica y celebra los nuevos contratos de concesión con acciones afirmativas en iguales o mejores condiciones.Así mismo, la Corte instó al Distrito a adoptar las medidas administrativas y contractuales necesarias para garantizar la continuidad del servicio público de aseo y de las acciones afirmativas, mientras se implementa el régimen transitorio.Seguimiento y controlEl alto tribunal también ordenó a la CRA y a la UAESP informar, dentro de los cinco días siguientes a la expedición de los actos correspondientes, sobre el cumplimiento de las órdenes, adjuntando cronogramas, responsables y evidencias de ejecución.Finalmente, dispuso que la Procuraduría General de la Nación acompañe y haga seguimiento al cumplimiento de la medida provisional, con reportes detallados cada 30 días, hasta verificar el cumplimiento efectivo de lo ordenado.Entrevista videopodcast presidente de Colpensiones Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia