Mujeres, activistas y ecologistas cuestionan el pacto presupuestario en Sevilla: “Quien ejecuta es el PP, pero la ideología la pone Vox” | Noticias de Andalucía

El asombro y la extrañeza que sienten las asociaciones defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos ante el pacto político suscrito entre PP y Vox para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla, que elimina de facto la única Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad y que persigue endurecer la inscripción en el padrón de los migrantes irregulares, es una sensación que se han acostumbrado a digerir en el último año las organizaciones de mujeres y otras ONG. Estas entidades han soportado los recortes en las partidas para los programas de igualdad y cooperación al desarrollo, producto de las cesiones de los populares -que gobiernan en minoría en el consistorio hispalense- a la formación ultra para conseguir el apoyo a las cuentas de 2025, para fomentar políticas de natalidad o la Oficina antiaborto. Este segundo pacto, para la mayoría de los representantes consultados solo anticipa lo que pasará en el futuro si, como pronostican los sondeos, acuerdos similares se replican en Gobiernos autónomos y en el central. “No veo posibilidad de que esto pare”, relata Antonia Ábalos, una histórica feminista mexicana, que reside en la capital andaluza donde fundó la Asociación de Mujeres Supervivientes Víctimas de Violencia de Género.“Hemos notado los recortes en todo. Directamente no podemos desarrollar proyectos y vemos cómo se incrementa el número de mujeres que acuden para cualquier tipo de servicio: asesoría, acompañamiento, de soporte…”, explica Ábalos sobre las consecuencias de la radical eliminación de ayudas municipales para el comedor social que impulsan en el Pumarejo, en el centro histórico de la ciudad, o sus proyectos de igualdad, prevención y sensibilización contra la violencia de género. Gracias a la tupida red de voluntarios que han ido tejiendo, a la subvención que reciben del Ministerio de Igualdad y a un programa que están coordinando con la Unión Europea sacan adelante sus iniciativas. Con las charlas que imparten de la mano de la red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe a la que pertenecen, “por las que nos pagan”, sacan “para comprar víveres y alimentos para el comedor”, indica Ábalos.En el pleno de aprobación de los presupuestos del pasado martes, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, defendió los recortes en estas partidas y las consecuencias de los dos pactos suscritos en este mandato con el alcalde popular, José Luis Sanz. “Lo cierto es que aún quedan reminiscencias que nos habría gustado eliminar de un plumazo, pero que, por algún motivo, sigue defendiendo el PP y que tienen que ver con las banderas de la izquierda como las políticas de igualdad de género o de los colectivos LGTBI”, sostuvo, para vanagloriarse de que “no hay nada más satisfactorio para Vox que poder fomentar lo que debería ser una prioridad de todas las administraciones, que es el fomento de la natalidad”. “Las políticas de reducir el gasto en que las mujeres podamos desarrollar proyectos de vida tienen que ver con un posicionamiento de desprecio hacia la mitad de la población que representan las mujeres en esta ciudad. Si estamos luchando cada día por comer, pagar el alquiler, los recibos de la luz, la calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano… mantenernos en esas condiciones es una manera de aniquilar nuestra potencia política de respuesta, de decir que las cosas no están bien y que se pueden hacer de otra manera”, señala Ábalos, que advierte sobre el avance generalizado de la extrema derecha: “A veces nos sentimos desesperanzadas y sin porvenir”.(08/03/2025). Sevilla. Manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, con el lema ‘Avanzamos colectivamente: feminismos diversos y combativos’, convocada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. FOTO: PACO PUENTES (EL PAÍS)PACO PUENTES“Aquí quien ejecuta es el PP, pero quién pone la ideología es Vox, todo para sacar adelante unos presupuestos. En el Ayuntamiento de Sevilla el PP está financiando el programa electoral de la ultraderecha”, resume los pactos entre los populares y el partido de Abascal Macarena Olid, delegada en Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Recuerda cómo, fruto del pacto presupuestario de 2024 se aprobó la oficina antiaborto, la oficina antiokupación y se retiraron de los colegios los cuadernillos sobre educación sexual. “El PP había asumido la ideología machista de Vox, ahora también la racista”, sostiene en referencia a la “intensificación del control del padrón”, que pretende reforzar la vigilancia en el caso de domiciliaciones dudosas a través de un nuevo protocolo.“Ahora quieren eliminar derechos”, advierte Olid, que trabaja muy estrechamente para conseguir el empadronamiento de personas vulnerables en la capital andaluza. Ella advierte de que la actual regulación impide negar el acceso a este registro a cualquier persona, aunque no tenga vivienda, y recuerda que los migrantes en situación irregular no tienen acceso a la misma. Llama la atención sobre las dificultades que actualmente tienen muchas familias sin recursos para empadronarse, pese a que Vox presenta esta inscripción como un caladero de migrantes irregulares. “Es un camino muy difícil que requiere de acompañamiento y de una gran constancia a la hora de entregar la documentación. Con ese protocolo lo que se hace es poner más piedras en su tortuoso camino”, abunda.Olid destaca la paradoja que supone esta medida restrictiva con la campaña para el empadronamiento que el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado hace unos meses para tratar de mantenerse como la cuarta ciudad más poblada, ante la pérdida de población respecto de Zaragoza. “Necesitan a personas, pero ponen trabas a quienes más lo necesitan”. Olid tiene claro que el propósito final que se persigue con esta medida es “impedir que las personas en situación administrativa irregular puedan acceder a la sanidad, la educación y servicios sociales”, derechos básicos que solo se pueden disfrutar estando empadronados. “Vox debería saber que se trata de las personas que están cuidando de sus hijos, de sus mayores, los que están recogiendo la fruta que se comen a diario, pero prefieren tenerlos achicados, sin reconocerles el estatus de personas que están residiendo en Sevilla”, dice la activista. La Asociación sevillana de ONGD, que por segundo año consecutivo van a ver recortadas las partidas para la cooperación y el desarrollo en más de 1,2 millones, ha reaccionado ante el desprecio mostrado por la portavoz de Vox con una carta en la reivindican que a través de su trabajo defienden “a personas que no tienen acceso a tribunas políticas, ni a medios de comunicación, ni a espacios de poder desde los que responder a declaraciones que cuestionan su dignidad o a vivir con lo mínimo imprescindible”. “Reducir o desprestigiar las políticas para el desarrollo no es un ejercicio de responsabilidad pública, sino una renuncia a los valores de justicia, solidaridad y humanidad que han formado parte de la identidad de Sevilla”, subraya. Posible demanda de Ecologistas en AcciónLa percepción de destrucción inexorable de todas las conquistas sociales logradas en las últimas décadas de Ábalos la comparte Indalecio de la Lastra, experto en movilidad y miembro de la red Sevilla por el Clima, una de las principales impulsoras de los cambios en materia de sostenibilidad medioambiental y de defensa del transporte público de la capital andaluza. “Cuando Vox se consolide, arrasará con todo”, augura. Su reflexión llega tras constatar que, además de imponer su visión de las políticas sobre la mujer o la inmigración, la formación de Abascal también ha conseguido inocular en la acción del Gobierno municipal su ideario sobre el negacionismo climático, al conseguir desactivar de facto la única ZBE de Sevilla, situada en La Cartuja.“Se visualiza que se elimina porque es un cuento y algo populista”, se lamenta De la Lastra, que hace referencia a los argumentos de Vox para acabar con las sanciones de ese espacio de la capital: que es “una medida impuesta por las élites globalistas”, “profundamente injusta porque ha afectado a las familias con menos recursos que no han podido adquirir un coche con los distintivos ecológicos”. “La movilidad en esta ciudad no ha avanzado nada desde que está el PP”, advierte el experto.La ZBE en La Cartuja empezó a funcionar el 8 de enero de 2024. Los grupos ecologistas desde el principio cuestionaron la elección de este espacio, por tratarse de una zona destinada a oficinas. “No se corresponde con un área saturada. Los coches solo circulan por la mañana y a mediodía. El control del centro, que es donde están los usos mixtos, trabajo, desplazamientos por compras…, se decidió abandonar”, indica De la Lastra. Con todo, en este tiempo se ha hecho un esfuerzo por incrementar el transporte público, el carril bici y los aparcamientos para bicicletas. “Si las grandes ciudades abandonan el compromiso, qué van a hacer el resto de los municipios del área metropolitana”, se lamenta.Desde su entrada en vigor, Vox llamó la atención por el elevado número de multas que se imponían a los vehículos. En todo este tiempo se han consignado 14.997, de las que se han cobrado el 45%, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, que señala que de los vehículos que tienen restringido el acceso a la ZBE -vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006- solo circula el 0,5%. El acuerdo suscrito con Vox insiste en que respeta la normativa europea, pero incluye una modificación de la ordenanza de movilidad para adaptar eliminar la imposición automática de multas y las restricciones permanentes al tráfico, siguiendo el modelo de Castellón. Allí su ZBE para el núcleo histórico está activa mediante un sistema de 45 cámaras con sensores de ruido y CO2 y con reconocimiento de matrículas, pero que no multan actualmente, sino que solo informan, informa María Pitarch. La ordenanza de movilidad de Castellón fue aprobada el pasado verano por el equipo de gobierno PP-Vox. “La calidad del aire no puede utilizarse como excusa para imponer restricciones injustas ni criminalizar a quienes necesitan el coche para trabajar o estudiar”, dijo el portavoz de Vox en el consistorio, Antonio Ortolá, el mismo argumento empleado por su homóloga en Sevilla.“Ese modelo incumple la ley estatal y el reglamento que regula las ZBE”, advierte Eduardo Gutiérrez, de Ecologistas en Acción. La ONG avisa de que va a estar muy atenta a cómo se modifica la ordenanza. “Si es contraria a la ley, la denunciaremos. No es el primer Ayuntamiento que incumple y a los que hemos denunciado”. Gutiérrez llama la atención sobre el aumento de la contaminación atmosférica en Sevilla, tal y como recoge el último estudio sobre la calidad del aire de la ONG -en la ciudad se están hasta cuadruplicando los valores de NO2 (el Dióxido de nitrógeno contaminante que sale de los motores de combustión) permitidos por la OMS-. “Es una decisión ideológica y una muy mala noticia para la ciudad”, recalca.