Colombia atraviesa una de las peores crisis de seguridad y gobernabilidad de los últimos 30 años. El país no solo enfrenta una expansión sin precedentes de la guerrilla, el narcotráfico y de violencia, sino también una mutación estratégica de estos grupos. Estos han adoptado modelos de “franquicia criminal”, arrendando a bandas criminales, pueblos enteros, mientras negocian ceses al fuego con el gobierno Petro. Lejos de ser mecanismos de paz, se convirtieron en un instrumento para que la guerrilla imponga el terror de nuevo. Se han convertido en plataformas de dominación territorial patrocinadas por el Gobierno. ¿El objetivo final? Manipular las próximas elecciones desde las sombras y el miedo.Franquicia criminalLas disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’ han dejado de ser insurgencias tradicionales para transformarse en corporaciones multicrimen transnacionales. Operan simultáneamente en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y México, con un portafolio delictivo diversificado: narcotráfico, minería ilegal, extorsión, trata de personas y ciberdelitos. El narcotráfico es su principal fuente de financiación, que les permite reclutar, armar, expandirse y, lo más grave, corromper autoridades.En lo que va corrido del gobierno Petro se ha triplicado la presencia de estos grupos criminales, llegando a la mitad del país. Y en lugar de instalarse directamente, estos grupos han optado por una estrategia de tercerización: alquilan su “marca” a bandas locales que pagan cuotas por operar bajo su protección. En el Bajo Cauca, por ejemplo, el ‘clan del Golfo’ exige el 20 por ciento de las ganancias de extorsión a cambio de dejar operar a las bandas locales. En Medellín, grupos como ‘la Sierra’ actúan como operadores urbanos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los jefes de la guerrilla están “arrendando” los pueblos a bandas criminales para manejen las extorsiones, los secuestros y el microtráfico. Controlan los territorios y protegen a las bandas que franquician.Grafitis del ‘clan del Golfo’ pintados en paredes de municipios de Antioquia. Foto de archivo. Foto:CortesíaEsta fórmula ha generado una “urbanización del conflicto” con la nueva Paz Urbana, y lo más preocupante: estas estructuras no solo delinquen, sino que también imponen control social y político. LEA TAMBIÉN NarcotráficoEn 2023, Colombia produjo el 64 por ciento de la cocaína mundial, alcanzando un récord de producción potencial de 2.664 toneladas, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU. La expansión de cultivos llegó a 253.000 hectáreas, el máximo histórico que ha tenido el país, con rentas ilícitas estimadas en 13 billones de pesos colombianos. Este negocio ha dotado a los grupos armados ilegales de una capacidad financiera inédita, permitiéndoles financiar estructuras, comprar lealtades y ejercer control en zonas rurales y urbanas.En 2023, Colombia tuvo 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. Foto:Raúl Arboleda- AFPDe acuerdo con las Naciones Unidas en su informe 2025, la producción mundial de cocaína batió su récord histórico en 2023, con más de 3.700 toneladas, un 34 por ciento más que el año anterior y cuatro veces más que en 2014. El incremento se debe sobre todo a una expansión del cultivo de hoja de coca en Colombia y a mejoras en la eficiencia de los laboratorios ilegales durante los últimos dos años. Esto como consecuencia del fracaso de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos del gobierno Petro. LEA TAMBIÉN El microtráfico también se ha disparado. Se estima que 70 toneladas de cocaína se consumen en el mercado interno, generando ingresos ilícitos por más de 2.200 millones de dólares anuales. Esto ha consolidado carteles y pandillas locales que actúan bajo la lógica de las mafias mayores. La violencia en entornos escolares, el aumento de consumo juvenil y el crecimiento de homicidios en zonas urbanas son consecuencia directa de este fenómeno.Grave crisis humanitariaEn 2023 se reportaron 154 desplazamientos forzados masivos y 215 eventos de confinamiento, afectando a 121.000 personas. En 2025, solo entre enero y mayo, ya iban 55.000 desplazados y 20.500 confinados. En regiones como el Catatumbo, la violencia dejó más de 52.000 desplazados y 80 muertos, además de 46.000 niños sin educación. En el Cauca, el reclutamiento forzado de menores alcanzó cifras alarmantes: 325 casos en 2024, representando el 70 por ciento del total nacional.La llamada ‘paz total’ del gobierno Petro ha servido más para fortalecer a los grupos criminales que para desescalar el conflicto. Desde 2022, se han pactado al menos cinco procesos de diálogo con organizaciones armadas, incluyendo al Eln, el ‘clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc. Sin embargo, la mayoría de estos acuerdos carecen de verificación y han sido vulnerados sistemáticamente sin consecuencias.La llamada ‘paz total’ del gobierno Petro ha servido más para fortalecer a los grupos criminales que para desescalar el conflicto. LEA TAMBIÉN Lo más preocupante es que los ceses al fuego se decretan sin exigir condiciones mínimas, como el fin del narcotráfico, la extorsión o el reclutamiento de menores de edad. En la práctica, esto ha paralizado las operaciones militares mientras los grupos armados se reagrupan, se fortalecen y amplían su dominio. Cuando se rompen los diálogos, el Estado ya ha perdido el terreno. Hoy, los grupos ilegales controlan total o parcialmente zonas rurales, cabeceras municipales y corredores estratégicos, ejerciendo violencia directa sobre las comunidades.Quiebre de capacidadesEl deterioro de las Fuerzas Militares y la Policía es otro elemento en esta crisis. Desde 2022, más de 22.000 uniformados han salido de la institución, entre renuncias y retiros. El presupuesto de defensa fue recortado en 800.000 millones de pesos, afectando desde el mantenimiento de helicópteros hasta el abastecimiento en bases militares. Adicionalmente, 200.000 millones fueron eliminados del programa de defensa antiaérea, comprometiendo la capacidad estratégica del país.La percepción entre los uniformados es de desmoralización. La “judicialización del servicio” y la incertidumbre jurídica frente al uso de la fuerza han dejado a la tropa sin liderazgo y con miedo a actuar. La consecuencia: abandono territorial y pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Este debilitamiento ha sido aprovechado por los grupos ilegales para copar los espacios vacíos y establecer regímenes de terror local.Elecciones en riesgoEl control territorial de la guerrilla no es solo un asunto de seguridad. Tiene profundas implicaciones políticas. En más de 600 municipios, la guerrilla y grupos de autodefensas a través del control territorial de los negocios ilícitos también influyen o dominan el entorno electoral. Imponen candidatos, impiden campañas, manipulan votaciones y controlan la información. E incluso, frente al reciente intento de asesinato al precandidato presidencial Miguel Uribe, una de las hipótesis es que grupos disidentes intentaron segar la vida de este candidato de la oposición. De esta forma manipulan para asegurar la elección de autoridades funcionales a sus intereses o, al menos, pasivas frente a sus operaciones. LEA TAMBIÉN La democracia colombiana se encuentra en riesgo. La combinación de ceses al fuego mal implementados, debilitamiento institucional, expansión del narcotráfico y cooptación criminal puede derivar en un escenario donde la legitimidad electoral quede destruida en amplias regiones del país. No solo se pone en juego la seguridad de los comicios de 2026, sino la estabilidad del sistema democrático a largo plazo.La democracia colombiana se encuentra en riesgo. La combinación de ceses al fuego mal implementados, debilitamiento institucional, expansión del narcotráfico y cooptación criminal puede derivar en un escenario donde la legitimidad electoral quede destruida en amplias regiones del país.La ‘paz total’ no ha traído ni paz ni justicia social. Por el contrario, ha servido de plataforma para que la guerrilla capture más territorio, recursos y poder político. De seguir esta tendencia, Colombia podría enfrentar no solo una crisis de seguridad, sino una fractura institucional que deslegitime las elecciones y consolide un narco-Estado fragmentado por feudos criminales.Si se considera, adicionalmente, lo que viene sucediendo con la disminución de la protección por parte de la Unidad Nacional de Protección a los candidatos a la Presidencia y del Congreso de los partidos de oposición, el Gobierno propiciará que estos no puedan salir a las zonas controladas por la guerrilla y bandas criminales, profundizando aún más los riesgos para que haya unas elecciones libres el próximo año.Recuperar el EstadoColombia ha enfrentado desafíos enormes en su historia reciente. Y ha salido adelante. Lo hizo frente al narcoterrorismo en los años noventa, lo hizo con la política de seguridad democrática en las primeras décadas de este siglo. Hoy necesita nuevamente una estrategia nacional de recuperación del territorio y la institucionalidad.Se requiere voluntad política firme para derrotar sin ambigüedades a la guerrilla y el crimen organizado y no pactar ni negociar con los criminales. El fortalecimiento de la Fuerza Pública con mejor inteligencia, más presupuesto, moral y liderazgo. Reforma judicial y de cárceles que permita castigar eficazmente a los cabecillas del crimen y una política de erradicación incluyendo aspersión por precisión, lo mismo que intervención social para ofrecer oportunidades reales a las comunidades. LEA TAMBIÉN Las elecciones de 2026 están en jaque. Si el Estado no recupera el control sobre los territorios dominados por el crimen, las elecciones presidenciales no serán libres e, incluso, los congresistas podrán responder más a la lógica armada que a la voluntad popular. Y eso, en un país con una historia de lucha por la democracia, sería una derrota inadmisible. Urge garantizar unas elecciones libres, informadas y sin miedo.Colombia aún está a tiempo. Pero debe actuar con decisión, con unidad nacional y con un claro mensaje para defender el país: no hay paz sin seguridad, ni democracia bajo la sombra del fusil.Diego Molano- Para EL TIEMPOExministro de Defensa