Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que el Gobierno de México no va a dejar de luchar contra el Estado corrupto y demostrará que el esquema de defraudación utilizado por Genaro García Luna para extraer millones de dólares a través de contratos con entes públicos, sacarlos del país y regresarlos se utilizó para hacer pagos a personas, así como para financiar campañas políticas.“Una cosa también interesantísima: parte de este dinero fue a dar a campañas políticas, y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, eso es en el juicio mexicano, ¿me entienden? porque esto se tiene que ver también en los Tribunales mexicanos.“Y ya estamos en eso, ya hay órdenes de aprehensión abiertas, detenidos, hay unos avances muy buenos, y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante, no hay que detenerse”, dijo en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.Gómez Alvarez explicó la sentencia de la Corte de Miami Dade, Florida, que condenó a García Luna al pago de 748 millones 829 mil 676 dólares al Gobierno de México y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, al pago de mil 740 millones 25 mil 540 dólares al Gobierno de México en el juicio civil interpuesto en septiembre de 2021 por la UIF.“¿Qué quiere decir esta sentencia? Quiere decir, en primer lugar, que ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país, que fue alojado en el extranjero, —buena parte de lo cual regresó al país, luego diremos cómo y por qué—, ese dinero fue producto de un esquema de defraudación durante dos sexenios sucesivos.“Y esto es también muy significativo desde el punto de vista político; nunca podemos hablar de ‘transición’, entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaron.“La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo Estado corrupto que viene de los años ‘50 y que se creó como parte del sistema político mexicano, esa es la verdad. El cambio vino en 2018, por eso es que estamos aquí hablando de este tema; de lo contrario, nunca se hubiera escarbado nada ni se hubiera sabido nada, porque todo era hecho a la perfección”, dijo.Informó que próximamente la misma jueza de la Corte de Florida, Lisa Walsh, emitirá otra sentencia sobre las empresas que se utilizaron en la trama corrupta de García Luna.Asimismo, Gómez Álvarez dijo que en México también hay un proceso penal por la “trama corrupta” de García Luna.“Nosotros tenemos un proceso penal en México, proceso penal que está arrancado, hay gente en la cárcel, hay muchas órdenes de aprehensión, hay una serie de conversaciones con algunos de las personas que tienen órdenes de aprehensión, con el propósito de que colaboren a efecto de que se esclarezcan todos los puntos”, explicó.Indicó que lo que se busca con los dos procesos, el civil en Florida y el penal en México, es conocer la historia de una trama corrupta, como muchas otras que hubo en nuestro país durante el periodo neoliberal.“Se trata de una operación transexenal en que gobernaron dos partidos políticos que finalmente se aliaron política y electoralmente, entonces toda una lección para las actuales generaciones y una forma de ver las cosas para las anteriores generaciones que vivieron el Estado corrupto en su apogeo. No dejar de luchar contra el Estado corrupto. No ceder. No darse por vencido frente a las cosas”, expresó.Mencionó que las empresas Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc, Nice Systems Ltd, y GLAC obtuvieron contratos con entes públicos de seguridad en México y a través de ellas se extrajeron millones de dólares de las arcas nacionales, los cuales fueron transferidos al extranjero mediante Occidental Bank al estado de Florida y utilizados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos.Reveló que 16 empresas utilizadas en el lavado de dinero, no hicieron contratos y recibían dinero de las que cobraban, de tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando.“Nosotros ahorita estamos investigando cómo se repartió una parte —no muy grande, pero significativa—, no muy grande para estos niveles, pero significativa para el gasto político, en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales”.

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