La edad de jubilación en Harvard y en la Universidad española | Educación

John S.Rosenberg hablaba en un interesante trabajo publicado en 2024 en John Harvard´s Journal, acerca del profesorado y su perfil de edad de jubilación en la que es sin discusión considerada la mejor universidad del mundo, Harvard University. En este artículo mostraba que mientras de 1994 a 2003 solo el 3,3% de su profesorado se jubilaba con más de 75 años, de 2013 a 2023 este porcentaje ha pasado a ser el 43,8%; en concreto un 31,5% se retira entre los 75 a 80 años, y un 12,5% lo hace con más de 80 años.En España la edad de jubilación forzosa en la universidad pública es de 70 años para los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. Esta edad se estableció en 1994, equiparándola a la de otros colectivos funcionariales, entre los que se encontraban jueces, magistrados, registradores y notarios, si bien hoy estos últimos colectivos pueden solicitar la prórroga hasta los 72 años, algo que el profesorado funcionario por el momento no puede hacer.Es por ello fácilmente entendible que un amplio colectivo de nuestro profesorado universitario haya venido solicitando con argumentos claros de interés social, académico y de no discriminación, que se pueda ampliar su edad de jubilación forzosa a los 72 años. Opción que hemos comprobado que ya tiene el profesorado no funcionario, que se han acogido a esta posibilidad en algunas universidades públicas.En este contexto, es de una gran oportunidad y urgencia que prospere la enmienda que agradecemos fuera presentada el pasado 3 de abril por la diputada doña Cristina Valido de Coalición Canaria (CC). Esta enmienda a la Proposición de Ley de reforma parcial de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público introduce la posibilidad el extender la jubilación forzosa a los 72 años de manera inmediata para el profesorado funcionario.Por cierto, esta enmienda está plenamente alineada con la que el 19 de febrero presentó el grupo socialista al proyecto de Ley de la Función Pública, aunque esta, por desgracia, incorporaba una vacatio legis (entrada en vigor) a los seis meses de su publicación, lo que dejaría fuera de la norma al profesorado que cumpla antes del 31 de agosto próximo los 70 años, causándoles un grave perjuicio al no poderse acoger a esa ampliación. Como ya hemos señalado, en algunos casos el profesorado no funcionario ya cuenta con esta posibilidad lo que supone una discriminación clara, injusta e inexplicable, y que es perjudicial para el profesorado funcionario que ve más limitados sus derechos en cuanto a su edad de jubilación, cuando se trata de cuerpos docentes universitarios que realizan idéntico trabajo y función. En definitiva, esta situación significa una discriminación no razonable que, eventualmente, y como sostienen reconocidos juristas, podría resultar inconstitucional. Es por ello imprescindible que se tramite la iniciativa de la manera más urgente posible.Es muy probable, además, que en no mucho tiempo en todas nuestras universidades, tanto privadas como públicas, al igual que sucede en la mayor parte de las mejores universidades de Estados Unidos, el profesorado de nuestras universidades pueda, de acuerdo con su institución académica, prorrogar voluntariamente su vida académica por el tiempo que ambos juzguen oportuno siempre que, por supuesto, esta prolongación sea de interés para la universidad.Ello, es algo que debe entenderse también como parte de la independencia y autonomía de cada universidad, que son valores que en estos tiempos en que se sienten amenazadas por su gobierno federal, defienden con firmeza instituciones como Harvard y otras grandes universidades americanas de la Ivy League. Una buena muestra ha sido el escrito dirigido hace unos días a su comunidad universitaria por Alan M. Garber, presidente actual de Harvard, y quien fuera su rector de 2011 a 2024, donde expresa con rotundidad que, ante las exigencias del gobierno Trump, la universidad no renunciará a su independencia, ni a sus derechos constitucionales, entre los que se encuentran la libertad académica y de expresión, que ningún gobierno independientemente del partido que esté en el poder, puede limitar. Al contrario, cualquier gobierno debería salvaguardar los campus universitarios como espacios para el libre pensamiento y generación de conocimiento, y más en un país que tiene en sus mejores universidades una fortaleza que ha contribuido de forma decisiva a su liderazgo y progreso económico.