Francisco Garduño Yáñez entregó el mando del Instituto Nacional de Migración (INM) al exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el jueves 1 de mayo la titularidad del organismo.El INM compartió fotografías y un video de la ceremonia de transición de mando en sus redes sociales, y destacó que ésta se llevó a cabo “en un ambiente de respeto y cordialidad”.“Salomón Céspedes reconoció el trabajo que encabezó al frente de la institución el comisionado saliente, y en su oportunidad, Francisco Garduño Yáñez, le dio la bienvenida y le deseó éxito en su nueva responsabilidad”, dice la escueta publicación.El 2 de mayo está programada la ceremonia en la que Garduño ofrecerá una disculpa pública por la muerte de 40 personas migrantes durante el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023.La presidenta Claudia Sheinbaum, quien nombró a Salomón, explicó el pasado 15 de abril que la permanencia de Garduño en el INM durante los primeros meses de su mandato fue parte de un proceso de transición, pues éste ha mantenido intenso diálogo con el gobierno de Estados Unidos.El pasado 11 de abril un tribunal de apelación confirmó la suspensión del proceso penal en contra del Garduño por presunto ejercicio ilícito del servicio público en el caso de la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido en Juárez, que dejó además 27 personas heridas.El Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial Federal dio la razón por unanimidad al juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, quien en enero de este año determinó la suspensión del proceso en contra del funcionario y le exigió el cumplimiento de diversas medidas cautelares durante 18 meses.Entre las medidas exigidas están el que Garduño mantenga su residencia fija, ofrezca una disculpa pública, realice cursos de derechos humanos y protección civil, así como asegurar indemnizaciones a víctimas y realizar supervisiones trimestrales en centros de detención migratoria.La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho -que representa a ocho víctimas de lesiones y a nueve familias de víctimas mortales- había apelado la decisión del juez, bajo el argumento de que era contraria a las suspensiones provisionales que habían obtenido las víctimas.También señaló la falta de negociación para la reparación del daño, así como la convalidación incorrecta de las pruebas presentadas por Garduño. En ese sentido, consideró que la indemnización otorgada a las víctimas por parte del Estado no podía ser considerada como aportada por el comisionado, ya que correspondía a un proceso distinto.Sobre este asunto, el tribunal colegiado dijo que las indemnizaciones otorgadas por el Estado -300 millones de pesos repartidos entre las víctimas- difícilmente podrían ser cubiertas por una sola persona “por lo que se priorizó la reparación integral del daño”.Organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado la resolución del tribunal. La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), y Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas, han denunciado “impunidad y justicia selectiva” en el caso.

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