Un predio de más de 6.000 hectáreas que, según uno de los actuales propietarios, había pertenecido a un colono, pasará a manos del Estado. La Agencia Nacional de Tierras desalojará en las próximas semanas a los ocupantes de la finca Buenavista, en el municipio de La Primavera, Vichada, porque esas tierras son baldíos de la Nación.La historia se remonta a 2014, año en el que el exrepresentante a la Cámara del Vichada, Gustavo Londoño García, y el empresario Nicolás Laserna, primo de la senadora Paloma Valencia, instauraron un “proceso de pertenencia contra personas indeterminadas” para apoderarse del predio.Buscaban, a través de la vía judicial, que se les reconociera la adquisición de la finca Buenavista, que, según el congresista, había sido comprada en 2003 por 250 millones de pesos a Milciades Burgos Tuay, un colono del departamento que tomó las 6.000 hectáreas “de forma pacífica, bajo usucapión”. Es decir, mediante la posesión por determinado tiempo del bien, sin recibir ninguna acción en contra.El 30 de agosto de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño cedió a las pretensiones de Laserna y Londoño García, y el 29 de noviembre de ese mismo año la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio dio apertura a la matrícula inmobiliaria del predio.El trámite, según una tutela que radicó la Agencia Nacional de Tierras, estuvo plagado de irregularidades. La primera y más notoria: no vincularon al proceso de adquisición a esta entidad —antes Incoder—, que solo se enteró dos años después por una publicación de la Liga Contra el Silencio.Por esta razón, y por la trazabilidad del predio —que arrojaba un bien baldío, no susceptible de ser adquirido por usucapión—, el 12 de marzo de 2019 esta entidad instauró una acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo de Puerto Carreño.El 11 de abril de 2019, el Tribunal Superior de Villavicencio le dio la razón a la ANT y declaró la ineficacia del fallo del juzgado de Puerto Carreño.”Resulta evidente que la entidad accionante no fue vinculada al proceso y sólo tuvo conocimiento de la situación del predio reclamado una vez se hizo público el registro materializado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño, razón por la que no tuvo oportunidad de ejercer defensa alguna como administradora de bienes de la Nación”, se lee en el fallo de tutela conocido por este diario. Y agrega: “la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño incurrió en diferentes defectos, vale decir, fáctico, sustantivo y desconoció el precedente jurisprudencial, habida cuenta que obvió analizar las consecuencias derivadas de los antecedentes registrales del predio objeto de usucapión, toda vez que el hecho que el fundo carecierá de dueño y que no existiera folio de matrícula inmobiliaria, claramente generaba una duda sobre la naturaleza jurídica del bien”.Tanto el excongresista Londoño García como Laserna refutaron la decisión y radicaron un recurso de impugnación que escaló el caso a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal profirió sentencia el 18 de septiembre de 2019, confirmando el fallo del Tribunal.Con la doble instancia jugando en contra, el Juzgado Promiscuo de Puerto Carreño terminó reversando la adquisición.Con las decisiones judiciales, y tras una visita técnica y un informe pericial, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica expidió el Informe Técnico Jurídico Definitivo del 4 de diciembre de 2023, en el que declaró “la indebida ocupación ejercida por los señores Gustavo Londoño García y Nicolás Laserna Serna sobre el predio finca Buenavista”.El patrimonio de Nicolás LasernaPara soportar el proceso de ocupación indebida de un predio que, por ser baldío, debía destinarse a la reforma agraria, la ANT le pidió a la Dian los rangos de patrimonio de las declaraciones de renta de Londoño García y Laserna Serna entre 2013 y 2022.En el reporte consolidado se evidencia que el patrimonio neto de ambos ocupantes fue superior a los 750 salarios mínimos mensuales (más de 1.000 millones de pesos), lo que los deja por fuera del beneficio de tierras contemplado en esta política pública.Así mismo, se verificó que Nicolás Laserna —de la familia materna de la senadora Valencia— es propietario de 13 inmuebles, entre fincas y casas, registrados a su nombre.Este hecho, por sí solo, también configura una indebida ocupación, sobre la cual procede la recuperación del bien, proceso en el que la Agencia Nacional de Tierras puede valerse de instrumentos como el desalojo con Fuerza Pública.”Será deber de la Agencia Nacional de Tierras ejecutar materialmente lo resuelto en la resolución (recuperación del bien), valiéndose para ello de los instrumentos contemplados por la ley que se estimen necesarios”, se lee en el documento de la entidad.Este diario conoció por fuentes de la Agencia que el desalojo se tiene agendado para las siguientes semanas y la tierra será entregada a familias campesinas del departamento. En la lista también se encuentran las fincas La Chorrera y Siberia, en Puerto López, Meta, pertenecientes al fallecido ‘zar’ de las esmeraldas, Víctor Carranza.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia