Más de la mitad de las mujeres de la industria audiovisual ha sufrido alguna agresión sexual: “Es un entorno inseguro” | Cultura

El primer gran informe de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) sobre violencia sexual en la industria audiovisual española traza un retrato demoledor del sector. El dato principal es concluyente: el 60,3% de las mujeres declaran haber sufrido algún tipo de violencia sexual en los espacios relacionados con la industria del cine y del audiovisual. Dentro de ese grupo, el 49,5% aseguran que han enfrentado acoso físico. La investigación, que se ha presentado este jueves y titulada Después del silencio. Impacto de los abusos y violencias sexuales contra las mujeres en la industria del cine y el audiovisual, se basa en 312 encuestas online respondidas por socias de esta organización (que cuenta con 1.300 integrantes) y completadas con grupos de trabajo y entrevistas a expertas. La conclusión principal es que se trata de “un entorno laboralmente inseguro para las mujeres”.El análisis —realizado por Nerea Barjola Ramos, politóloga y doctora en feminismos y género, y Bárbara Tardón Recio, doctora en estudios interdisciplinares de género― explica por qué las mujeres no revelan este tipo de agresiones: “El 92% de las mujeres que han enfrentado violencia sexual no la han denunciado”. Tan solo el 6,9% lo han hecho ante un cuerpo de seguridad del Estado, policía autonómica, juzgado u otra institución y un 13,6% “se lo pudieron contar a un responsable (jefa/e o recursos humanos)”, aunque un 94% sí se lo confesó a una persona cercana.Más informaciónLas causas que empujan a no denunciar son variadas. Si el 30% no sabía cómo proceder ante lo sufrido, el 27% no lo hizo por temor a represalias y el 22,2% porque creen que la denuncia no serviría para nada. De quienes sí denunciaron, el 46,2% tiene una opinión “muy mala” de la atención recibida. Además, el 64,4% de las mujeres “considera que las denuncias no son tomadas en serio”, un porcentaje que llega hasta el 80% en la franja de edad de 20 a 29 años.La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en el acto de presentación del informe de CIMA. BLANCA MÍLLEZ (EFE)En la presentación del informe, la documentalista Almudena Carracedo —vocal de la junta directiva de CIMA y miembro de la comisión de violencias— ha explicado que el informe ha supuesto un año de trabajo y ha subrayado “lo sistémico de las agresiones”.Naturalización y normalización de las agresionesNerea Barjola ha subrayado que “hay una naturalización y una normalización de las violencias en el audiovisual, están integradas y se perciben como inevitables: todo lleva a la cultura de la impunidad. Eso ocurre por una estructura que protege y genera las violencias, desde escuelas de interpretación a despachos de producción. Incluso en los guiones hay narrativas que no dejan lugar al feminismo”. Y ha ahondado en que “las jóvenes sufren doble violencia: la de su edad, por tanto condición económica precaria, y la de la jerarquía”.Sobre las consecuencias, según Barjola: “La violencia va más allá del hecho directo, porque provoca numerosas consecuencias a medio y largo plazo. Hay un silencio colectivo, y este es el que nos tenemos que hacer cargo como sociedad. El contexto incluso llega a revictimizar a quienes han sufrido las agresiones”.Por su parte, Barbara Tardón ha incidido en lo que queda por hacer: “Los hallazgos son impactantes, aunque no sorprendentes. Por ejemplo, ese 92% que no denuncia es justo el mismo porcentaje que aparece en otras encuestas sobre la sociedad española y europea. Instamos a todas las instituciones públicas competentes y al sector del audiovisual a, sencillamente, cumplir la Ley de Igualdad, que se aprobó en 2007, y estamos en 2025 sin que se implementen sus medidas”.Rodaje en Santa Cruz de Tenerife.
Alberto Valdés (EFE)En las conclusiones, tras desgranar los estudios y la metodología, se advierte la “existencia de un sistema de impunidad que protege a los agresores dentro del sector del cine y del audiovisual: la impunidad hacia quienes ejercen la violencia es sostenida por el silencio institucional y de las empresas/productoras/plataformas de distribución responsables de los proyectos audiovisuales. (…) La ausencia de mecanismos eficaces de denuncia o sanción, unido a la complicidad activa o pasiva de compañeros/as, colegas, directivos/as o entidades del sector, blindan esta impunidad. Muchos de los agresores señalados son profesionales de alto prestigio, con un poder simbólico o institucional que dificulta la revelación de la violencia o la denuncia, favoreciendo el encubrimiento. Las mujeres que dan el paso en la denuncia enfrentan consecuencias negativas en sus trayectorias profesionales. Se perpetúa un sistema en el que se cuestiona a la víctima o superviviente y de manera directa e indirecta se protege al agresor”.Así, el sistema consolida “un entorno laboralmente inseguro para las mujeres”. Según el informe, “se constata un vacío de instrumentos efectivos en la industria del cine y del audiovisual, como son los obligatorios protocolos de prevención y actuación adaptados a los recientes marcos legislativos contra las violencias sexuales. En los casos en los que existe algún mecanismo de repuesta a la violencia sexual, se ha constatado un alarmante desconocimiento por parte de las mujeres de la industria de su existencia [el 64% desconoce los protocolos de prevención]también sobre su funcionamiento o acerca de la información relativa a su aplicación. Los testimonios nos muestran una realidad en la que la existencia de protocolos o hotlines [líneas telefónicas en las que referir anónimamente lo sufrido] no siempre garantiza su aplicación efectiva […]. Las profesionales plantean los protocolos como papel mojado sin una aplicación efectiva donde su implementación es una medida meramente simbólica en una estructura que no garantiza el cumplimiento de las medidas”.El informe de CIMA apunta: “La industria del cine no es un espacio neutral; sus estructuras refuerzan la desigualdad y legitiman las violencias sexuales como parte del trabajo. […] Los testimonios reflejan que el conocimiento sobre los agresores es colectivo y que, aun así, no se actúa contra ellos. Frases como ‘todo el mundo lo sabe’ evidencian una complicidad estructural que permite la permanencia de los perpetradores en el sector”.Un equipo de rodaje en Canarias.
Alberto Valdés (EFE)Tardón apunta a las numerosas responsabilidades de las instituciones, a las que insta a cumplir sus propias leyes. Hay recomendaciones para los ministerios de Cultura, Igualdad y Trabajo, para las academias de cine, para las comunidades autónomas y para las empresas.Entre las autoridades presentes —Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres; Virginia Yagüe, presidenta de DAMA, la entidad de gestión de derechos de los guionistas, que ha colaborado en este informe; la eurodiputada Irene Montero (que como ministra de Igualdad impulsó la Ley del solo sí es sí, y Guadalupe Balaguer, presidenta de CIMA— ha hablado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha subrayado “la cantidad de valores de este informe, donde el dato no mata el relato”. Tras recordar que la investigación es “rigurosa”, que esta violencia se da “incluso en el sector audiovisual, que consideramos progresista”, ha explicado: “Es momento de cambiar. Es nuestra responsabilidad impulsar una regeneración. Y que se repitan con éxito nuevas jornadas”, que en esta edición han sido bautizadas como Unidas por una industria audiovisual igualitaria, diversa y libre de violencias.