La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los defensores de los derechos humanos, ante la presencia de candidatos a jueces que defendieron a presuntos narcotraficantes.La afirmación anterior la emitió el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, quien señaló que en listas de candidatos a jueces entregadas por los Poderes Legislativo y Judicial, para las elecciones judiciales del 1 de junio, se incluyeron algunos que han defendido a narcotraficantes.
En un comunicado la Jufed condenó y expresó su preocupación ante las recientes declaraciones de Gerardo Fernández Noroña.“Estas declaraciones no sólo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que Jufed ha advertido desde el inicio: la reforma judicial impulsada por el actual gobierno federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”, subrayó.Asimismo advirtieron que la pretendida “elección popular” de jueces y magistrados no es un acto democrático, sino un mecanismo de cooptación institucional que abre la puerta a intereses políticos, económicos y ahora, como ha sido reconocido, criminales.Reiteró que la elección judicial entregará la justicia federal a grupos que no buscan impartir justicia, sino manipularla a su favor.Además, rememoraron posicionamientos de instituciones y funcionarios internacionales respecto a la independencia del Poder Judicial.La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió: “la independencia judicial es pilar del Estado de Derecho y no puede estar sujeta a elecciones controladas por poderes políticos”.Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue clara: “una elección judicial sin garantías de imparcialidad y méritos es una regresión democrática”.Mientras que, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue claro y enfático: “A los cárteles de la droga les resultará más fácil infiltrarse en el poder judicial de México si se aprueba un plan para que los jueces sean elegidos por voto popular”. Esta declaración se suma al coro de voces nacionales e internacionales que han advertido sobre el grave riesgo de entregar la justicia a intereses ajenos a la legalidad, agregó la Jufed en el documento.Estos riesgos han sido expuestos recientemente por Jufed ante integrantes del Parlamento Europeo, de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, y de la Organización Internacional del Trabajo, así como ante organizaciones de la sociedad civil y académicas en los Estados Unidos, que han solicitado información sobre los efectos negativos de esta reforma en el Estado de Derecho en México.Ante estos hechos y dichos, JUFED hizo el llamado a las instituciones internacionales especializadas para que conozcan los efectos del desmantelamiento del Poder Judicial en México y su impacto en el debilitamiento de la democracia.“México vive un momento crítico. El Estado de Derecho está en riesgo de desaparecer bajo la apariencia de una elección democrática. No se trata de modernizar la justicia: se trata de entregarla”.

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