La ONU trabaja para proteger los derechos de las personas mayores con una convención internacional | Sociedad

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los pilares de las Naciones Unidas, se queda corta para defender a los más vulnerables. Con el tiempo la organización fue creando figuras jurídicas específicas para ciertos colectivos: la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965), contra la discriminación de la mujer (1979), la de los derechos del niño (1989) y, la más reciente, la de las personas con discapacidad (2006). Ahora, la ONU acaba de montar un equipo de trabajo para añadir a otro sector de la población: el de “las personas de edad”.El pasado 3 de abril, el Consejo de Derechos Humanos estableció un grupo intergubernamental para “elaborar un proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante que promueva, proteja y garantice el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de las personas de edad”. España figura entre los 42 países impulsores de esta iniciativa, cuya misión es redactar una convención (un tratado internacional de gran calado) específica que vele por los derechos de los mayores.Hasta llegar aquí, han pasado 15 años de debates, con grupos de trabajo previos que concluyeron que los derechos de las personas mayores son sistemáticamente transgredidos en muchos países por la única razón de su edad. Los informes que han manejado muestran vulneraciones en acceso a los sistemas sanitarios, de seguridad social, al trabajo, a la participación pública o a la vivienda (no es infrecuente que se denieguen alquileres a personas mayores por temor del casero de que pueda generar problemas o necesitar adecuaciones).El problema, explica Nena Georgantzi, coordinadora de derechos humanos en AGE Platform Europe, es que el sistema de protección no ha sido adoptado con una perspectiva de envejecimiento y longevidad. “El que se apruebe una convención no cambiará de un día para otro la situación, pero sirve para dar más visibilidad y que sea más difícil trivializar las violaciones que ahora se pasan por alto”, explica.Se trata, en palabras de Vania de la Fuente, médica y especialista en edadismo, de responder a los vacíos legales que existen: “Ningún tratado de derechos humanos aborda específicamente el de los mayores, no está por ningún lado el edadismo. Y sin herramientas jurídicas es más difícil exigir a los Estados que protejan los derechos. Una convención permitiría fortalecer rendición de cuentas de gobiernos y los organismos internacionales, crear estándares universales. Quiero pensar que con una convención no veríamos el horror de la pandemia con el acceso a servicios básicos [de las personas mayores]”.Es el derecho a la salud uno de los más claramente vulnerados, en opinión de ambas expertas. “Durante la covid vimos que el motivo de edad era suficiente para excluir a los ciudadanos de la atención sanitaria en algunos protocolos, y como sociedad civil no teníamos defensa para impugnar estas decisiones”, resume Georgantzi. Más allá del coronavirus, en el ámbito sanitario hay operaciones quirúrgicas en las que se establecen límites de edad o cribados contra enfermedades que no se hacen a partir de ciertos años.De la Fuente añade la situación de las residencias de ancianos, donde a las personas mayores en ocasiones se les aplica medidas de constricción, ya sean físicas (atándolas) o químicas (con medicamentos) para hacer más fácil su manejo y su cuidado. O, sin llegar a ese extremo, el trato que muchos sanitarios dispensan a los pacientes de edad, a los que “hablan como si fueran niños” o ni siquiera se dirigen a ellos, e informan a la familia sobre su estado de salud.Con determinada edad parece justificado apartar a la persona de la vida social, expone Georgantzi. “Hay un enfoque miope de los cuidados. Mientras que en el sistema de las personas con discapacidad se apoya y fomenta el derecho a vivir en la comunidad, para las mayores parece que da igual que se queden encerradas en casa o en una residencia, siempre que dejen de ser una carga para sus familias”, subraya.Otro ejemplo que ponen ambas expertas es el ámbito laboral. “Existe una tendencia positiva a retrasar la jubilación y promover el envejecimiento activo, pero tenemos un sistema jurídico que permite la discriminación por edad mediante una directiva europea que posibilita la jubilación obligatoria”, señala Georgantzi. Más allá de este caso tan claro y concreto, hay otro tipo de discriminaciones en el mundo del trabajo más sutiles, que tienen que ver con la imposibilidad de participar en formaciones, o de seguir progresando y cambiando de funciones.La convención podrá ser una herramienta que ayude a cambiar todo esto, pero todavía queda un largo camino hasta su aprobación. La de los derechos de personas con discapacidad tardó cinco años en ver la luz desde que se creó el grupo de trabajo, el punto en el que está ahora la de personas con edad. Pero fue la más rápida de la historia, otras han tardado 10 o 15 años en recibir el respaldo definitivo. “Esperemos que todo el tiempo de trabajo previo sirva para acelerar el proceso”, dice Georgantzi.El nuevo grupo de trabajo celebrará dos sesiones anuales en Ginebra y una reunión organizativa antes de que finalice 2025. El Consejo ha solicitado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preste toda la asistencia necesaria y ha exhortado a los Estados y actores relevantes a celebrar reuniones regionales virtuales para contribuir al proceso. Asimismo, alienta a una participación activa de todas las partes interesadas, incluidas las personas de edad y las organizaciones que las representan, con el fin de garantizar un enfoque inclusivo y representativo.A medida que pasa el tiempo, más personas se verán beneficiadas de la convención. Según la propia ONU, en 2050 habrá más de 1.500 millones de personas mayores de 65 años en el mundo, el doble que hoy. Es el grupo poblacional que más crece, especialmente en países de ingresos medios y bajos, donde los sistemas de protección son más débiles.